Con la última dictadura militar, la deuda externa argentina pasó de 7.900 millones de dólares a más de 45.000 millones. La mitad de esta suma, 23 mil millones de dólares, corresponde a la estatización de la deuda externa privada, con la cual fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre ellas Sevel, por entonces del Grupo Macri, Acindar, Loma Negra de los Fortabat, Compañía Naviera de la familia Pérez Companc, Techint del grupo Rocca, IBM, Ford, Fiat y bancos como Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros.
Esta deuda privada estatizada se fue pagando y renegociando a lo largo de décadas y es el origen ilegítimo y fraudulento de lo fundamental de la deuda externa argentina. Básicamente, el fraude se llevó adelante mediante los llamados seguros de cambio. Se permitía que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno, y cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia.
– El 5 de junio de 1981, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio garantizándole a las empresas que tomaban préstamos el tipo de cambio vigente en aquel momento. Luego, con una devaluación anual de 1.000%, el Banco Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que implicó un escandaloso subsidio estatal para estos deudores externos privados.
– El 10 de junio de 1981 el BCRA dispuso un subsidio directo a los deudores privados de 0,23 dólares por cada dólar de deuda.
– En 1982, ya con Domingo Cavallo en el Banco Central, le permitieron a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Les vendían dólares al 50% de su cotización, diferencia cubierta por el BCRA.
– Finalmente, el 17 de noviembre de 1982 se dictó la Comunicación A251, titulada directamente “Transformación de la deuda externa privada en deuda pública”.
Toda esta serie de maniobras sumó 23.000 millones de dólares. El grupo Macri fue uno de los principales ganadores: Fiat-Sevel y Socma fueron dos de las empresas beneficiadas y la estatización de la deuda del grupo fue por 170 millones de dólares.
A raíz de la denuncia de Alejandro Olmos, el juez Jorge Ballestero determinó la maniobra fraudulenta mediante un fallo en el año 2000: “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio”. Y según las pericias de la causa, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”.
Se comprobó, incluso, que muchos de los supuestos préstamos cuya deuda la dictadura estatizaba, en realidad eran fraguados con autopréstamos hechos por las empresas deudoras desde sus casas matrices para perpetrar la estafa de los fondos públicos. Además, para el derecho administrativo argentino, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta y también lo son todas sus consecuencias, que en definitiva llevaron a décadas de sometimiento nacional, hasta el presente con el acuerdo con los fondos buitres bajo la sentencia del juez Griesa, pagando una deuda ilegítima y fraudulenta para deber cada vez más.
