La expropiación por ley de Vicentín ha sido reafirmada por parte del presidente Alberto Fernández como camino para su control estatal y rescate en la reunión que mantuvo el jueves 11 con los directivos de la empresa, que fue intervenida el lunes 8. Aunque los directivos de Vicentín habían emitido un comunicado rechazando la intervención, y a través del intendente de Avellaneda (en provincia de Santa Fe) y de Cambiemos agitaron en esa localidad y frente al hotel donde se alojaba la delegación interventora, horas antes de la reunión en Olivos con el presidente de la Nación ya habían depuesto su postura y traspasado efectivamente el mando de la empresa ante el subinterventor Luciano Zarich. Así, desde el jueves 11 la empresa está bajo control del interventor Gabriel Delgado.
En forma paralela, el Banco Nación, en representación propia y de las demás entidades públicas que son parte del concurso de acreedores, presentó ayer ante el Juzgado Civil y Comercial de Fabián Lorenzini un pedido de intervención judicial que garantice la continuidad de la actividad en las plantas y la preservación del patrimonio societario. El Senado de la Nación a la vez ha resuelto la creación de una comisión Bicameral para investigar a la empresa Vicentín, lo que se suma a la investigación iniciada desde la Unidad de Información Financiera (UIF). González Fraga y el gobierno macrista en la mira.
La propuesta con que llegaron los ex directivos de la empresa a Olivos, en medio de un cacerolazo montado por Cambiemos, Clarín y La Nación, fue descartada por el propio presidente, que les explicó –según trascendió– que no es amigo de las expropiaciones pero que en este caso resulta la única vía legal para rescatar la empresa, dado que el Estado es el principal acreedor y la firma está concursada.
Ahora definirán los votos en las cámaras del Congreso, que deberán tratar el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo. Para empezar, en lo inmediato, de ello dependen 2.500 trabajadores, el Banco Nación y los 2.600 productores agropecuarios a los que Vicentín dejó colgados debiéndoles la cosecha que habían entregado. Pero además, la expropiación y su integración a YPF corta el paso a los diversos planes de extranjerización que venían en marcha. Un paso en la lucha por la soberanía alimentaria y el desarrollo agro-industrial nacional.
Cuarentena y estatización
En medio de la cuarentena administrada –que desde hace casi tres meses viene permitiendo controlar el desarrollo de la pandemia con gran apoyo popular–, de la renegociación de la deuda y de las denuncias de Macri por espionaje ilegal –incluso contra los de su propio partido–, el decreto de intervención y el proyecto de expropiación de Vicentín inaugura una política de intervención estatal en el principal sector exportador del país tras la disolución de la Junta Nacional de Granos, hace unos treinta años durante el menemismo, allá en los ´90.
“La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, detalló la Asociación Empresaria Argentina que nuclea a la elite monopolista en el país. Conclusión: ¡Ladran Sancho, señal que cabalgamos!
