En el Juzgado Federal Nº1 de San Martín se está juzgando los secuestros, tortura y desaparición de veinticuatro obreros durante la última dictadura. Silencio de la automotriz yanqui.
“Había un señor vestido, supongo que era un oficial porque tenía gorra, y los otros (…) tenían casco. Tenían armas, creo que eran fusiles. Fueron ellos a una oficina donde se reunían los superiores de la fábrica, el capataz, los encargados… Lo llamaron por el apellido y se lo llevaron de ahí caminando”, relató el obrero Ramón Argeo Ortiz ante el juez. El detenido era otro obrero, Vicente Portillo, su cuñado. “Ellos” eran un grupo de cinco o seis prefectos, que lo detuvieron dentro de la planta de Ford en Pacheco. El hecho ocurrió en 1976. Cuarenta y dos años después, Ramón lo cuenta en la causa “Ford” que se está llevando adelante en el Juzgado Federal Nº1 de San Martín.
No fue la única detención vista y relatada por Ramón. “Lo llevaron a otra planta, de donde vi que sacaron a un señor Conti, que era del cuerpo de delegados. Vi que los llevaban en una camioneta a un lugar que se llamaba el quincho”, continuó. Mencionó también a un trabajador de sobrenombre Tortuga, que lo detienen “porque era luchador”; y a otra persona de apellido Amoroso: “a él lo detuvieron dentro de la planta”. “Sé de muchos pero no me acuerdo el nombre. La mayoría de los que tenían actividades gremiales fueron detenidos. Y lo que sí, hay uno de apellido Marinelli, me parece que ese muchacho fue detenido y no regresó.” El obrero describía pausadamente. Juez, abogados, fiscales y una audiencia llena escuchaban atentamente.
La causa
En la causa se incluyen los casos de veinticuatro obreros secuestrados, torturados y desaparecidos. La acusación no recae contra la empresa, que no puede ser acusada penalmente, sino contra los funcionarios empresariales responsables por lo que sucedía en la fábrica. Están acusados dos altos directivos: Pedro Müller, gerente de manufactura, y Héctor Sibila, militar retirado del Ejército y jefe de seguridad de la planta. También se encuentra imputado Santiago Omar Riveros, oficial responsable del área militar centrada en Campo de Mayo. Se trata de un juicio clave dado que hasta el momento no ha habido ningún empresario condenado por haber colaborado o participado en la represión ilegal, que tuvo como uno de sus objetivos imponer “orden” para garantizar las ganancias empresariales.
En 1985 el entonces presidente de Ford, Courand, hizo saber por escrito que no brindaría información ni permitiría la revisión de los archivos de la empresa. Luego un gerente de Relaciones Institucionales desmintió que hubiera funcionado dentro de la planta algún centro de detención. Pero en 1976, mientras los trabajadores eran secuestrados en la propia fábrica, la empresa enviaba telegramas intimándolos a presentarse en sus puestos de trabajo. Ahora el monopolio yanqui se rehusa a hacer comentarios sobre la causa. Tuvieron que pasar varias décadas de lucha popular para llegar a este momento. El martes 17 de octubre se cumplió una nueva audiencia.
La audiencia
Ramón trabajó en Ford durante 24 años a partir de 1974. Durante aquel momento que relataba, se desempeñaba en la sección de Estampado. Recordó también que el llamado “quincho” había sido antes un lugar de esparcimiento para los obreros. Pero con la dictadura pasó a ser el lugar de establecimiento de las Fuerzas Armadas. Allí, el Ejército tenía su propio centro de detención, y tortura. Su función: intimidar a los trabajadores. “Las Fuerzas Armadas siempre fue visible y controlaban la planta adentro también”, contó. Describió que, cuando terminaban la jornada e iban al vestuario, varias veces encontraron la puerta estaba cerrada. “Y después, lo que nos abrían del lado de adentro no era la gente de la empresa sino personas armadas de seguridad del Ejército”, precisó.
Sobre el destino de su cuñado Vicente, el esposo de su hermana, puntualizó que permaneció detenido alrededor de un mes en la Comisaría de El Tigre y que luego fue llevado a Devoto. Según Ramón, no sería lo más adecuado afirmar que su cuñado fue “despedido”, porque desde la empresa Ford “nunca lo citaron o llamaron para regularizar su situación. Nunca le pagaron los haberes”. “No sé qué título darle”, expresó. “Más bien me parece que, desde mi léxico, [los detenidos] más bien fueron olvidados”, concluyó.
En esa audiencia oral del martes 17 también fueron citados varios testigos de contexto: profesionales que aportan elementos generales para la causa. Uno de ellos fue Eduardo Basualdo, que recordó la formidable estafa de la deuda externa que la dictadura impuso con los seguros de cambio. Señaló que con ese régimen “el Estado financia la fuga” porque “los dólares son privados y la deuda es estatal”. Afirmó que con ese mecanismo no sólo se beneficiaron grupos financieros sino también monopolios industriales: uno es precisamente Ford. Precisó que en 1979 y 1980 Ford llega a ubicarse como la empresa extranjera de mayores ventas en nuestro país y que “la empresa Ford Motors Argentina se ubica como la subsidiaria con mayor rentabilidad en el mundo de la casa matriz Ford Motor Company”.
Otra testigo, una de las autoras del informe de Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad (2015), se refirió al análisis de 25 casos de empresas –entre ellos particularmente Ford– que participaron de la represión ilegal entregando información, elaborando listas o cediendo espacios. Todo con el fin de disciplinar a la organización obrera. El informe de Responsabilidad… y los elementos que brinda quedaron así incorporados al juicio.
También un sociólogo describió su estudio sobre relaciones laborales dentro de Ford realizado años más tarde. Describió los cambios en la producción operados en los 80’s y 90’s incorporando la polifuncionalidad en los operarios, proceso en que aumentaron alarmantemente las enfermedades laborales en la búsqueda de la máxima ganancia (para la automotriz). Quien evitara estos abusos debía ser precisamente el sindicato… En un momento, la abogada de uno de los acusados le preguntó si consideraba que, debido a lo complejo de la producción automotriz, eran necesarios supervisores que controlen el trabajo obrero. “No”, respondió tajante. Para argumentar recordó la ocupación obrera de Ford de 1985, durante la cual se llegó a producir vehículos sin supervisión y con comprobada calidad.
La abogada “defensora” buscó, sin éxito, provocar a cada testigo. Al obrero Ramón Ortiz le preguntó si tenía conocimiento de que hubiera “subversivos” dentro de la planta en 1974. “No, para mí no”, respondió sin dudar. “Lo que sí había era lógicamente organizaciones sindicales. Había reclamos paritarios.” Previamente, ante la pregunta de por qué cree que se produjeron las detenciones, había afirmado en el mismo sentido que “a los gremialistas los han detenido porque no querían organización sindical”.
