El Lago Escondido no sólo es único por sus paisajes, sino porque es escenario de singulares conflictos. El año pasado fue lugar de reuniones secretas ente jueces, funcionarios del gobierno porteño y gerentes de Clarín. Este año comenzó con una singular represión a manos de peones de Joe Lewis: una verdadera patota parapolicial.
Una movilización caminó pacíficamente por el camino de Tacuifí que lleva al lago y tiene un largo de 10 kilómetros. Este camino fue identificado por el fallo de la Cámara de Bariloche de septiembre pasado como la vía que la Provincia debe acondicionar para garantizar el acceso público al lago. Pero se toparon con una tranquera cerrada y esta patota que actuó ante la mirada pasiva de la policía provincial. Montados a caballo, repartieron rebencazos e hirieron a varios manifestantes, algunos con fracturas. Ahora, al conflicto sobre la soberanía del Lago Escondido se suman las presentaciones judiciales por este accionar parapolicial.
Joe Lewis posee 12 mil hectáreas que tienen dentro al Lago Escondido. Pero, de acuerdo al artículo 2340 del Código Civil y al artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro, el lago es de dominio público y la provincia debe asegurar libre acceso a sus riberas.
Esto es lo que no quiere cumplir Lewis para poder anfitrión de las ya famosas reuniones de jueces, funcionarios y gerentes.
El primer fallo exigiendo la apertura del lago es de 2013. Recién siete años después, la Cámara de Bariloche ratificó la resolución y estableció el camino de Tacuifí. Ante la evidente violación de la legislación argentina, la estrategia de Lewis y sus lacayos es la dilación.
Ahora, el gobierno provincial y la “Sociedad Anónima” (de Lewis) Hidden Lake apelaron la resolución y deberá decidir el Superior Tribunal de la provincia. Con las marchas que viene haciendo año a año, reivindicamos la soberanía sobre nuestros lagos y queda expuesta la gobernadora cómplice.
