Luego de reprimir las movilizaciones del 13, 14 y 18 de diciembre contra el robo a los jubilados, el gobierno de Macri continuó profundizando la criminalización de la protesta. El 28 de diciembre fue detenido César Arakaki y el 9 de enero Dimas Ponce, ambos militantes del Partido Obrero. Están acusados por la lesión grave de un policía. La acusación no ha sido comprobada pero se encuentran bajo prisión preventiva.
De este modo, no sólo fuerzan los hechos sino la propia legislación vigente, ya que ninguno tiene el poder de interferir en la investigación ni tienen la intención de fugarse, tal como lo han demostrado presentándose ante el juez desde antes que éste lo citara. Lo mismo ocurre con los otros 5 detenidos luego de la movilización del 14D. Así se evidencia el uso de aparato judicial para lograr el escarmiento de la manifestación popular. Por eso, mientras tanto, la misma Justicia dejó libre a Dante Berisone, el policía que le pasó por encima con la moto a un manifestante que estaba tirado en el suelo.
En la movilización a Plaza de Mayo convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el pasado 11 de enero, se denunció que “las acusaciones de que Arakaki y Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía [durante la manifestación del 18 de diciembre] y de que Romero [militante del PSTU] habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal”. También advirtió sobre la “escalada represiva” del gobierno en los últimos meses, en los que se produjo la muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel, así como también las represiones de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, sumado a la represión de los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Por medio de este accionar, el gobierno de Macri y sus socios “intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo”.
Las detenciones pretenden amedrentar al pueblo. Pero en cambio la lucha popular desafía cada vez más no sólo el ajuste sino también la represión con que pretenden imponerlo.
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