Al Frente – CR

La continuidad de los mandos militares y jueces de la dictadura

C onstituido el gobierno constitucional de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, un conjunto de organismos de Derechos Humanos y partidos políticos, entre ellos el Partido Justicialista, que tenía mayoría en el Senado, plantearon conformar una Comisión Bicameral para investigar a la dictadura y al terrorismo de Estado.

El 15 de diciembre de 1983 el Presidente Alfonsín, eludiendo ese pedido emite tres decretos. Uno, abrir el procesamiento de los dirigentes del ERP y Montoneros; dos, abrir el juicio a las Juntas Militares; y tres, la formación de una comisión de notables, la CONADEP, que se limitaría a investigar las desapariciones, entrevistando a familiares y sobrevivientes. El Tribunal para enjuiciar a la dictadura sería el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, basado en el Código de Justicia Militar. Por otra parte, el 29 de diciembre el Parlamento anuló la Ley de autoamnistía de la dictadura.

El conjunto del pueblo había tomado noción del alcance que había tenido el accionar represivo y genocida de la dictadura. Las denuncias y la lucha popular desbordaban los márgenes presupuestos desde el Estado y el gobierno. Las Madres rechazaron aceptar políticamente que “los desaparecidos estaban muertos”, que eliminaba la responsabilidad del Estado en términos republicanos de encontrar a cada uno de los responsables homicidas. Y así surgió: “¡Con vida los llevaron, con vida los queremos!”. También se rechazaron las compensaciones económicas como método para evitar la Justicia.

La CONADEP

L a CONADEP comenzó las entrevistas, y fue conminada por el Ministerio de Defensa del gobierno de Alfonsín a que entregara los testimonios recogidos al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, basándose en que la reforma del Código de Justicia Militar de febrero, posterior a la formación de la CONADEP, establecía la competencia castrense. La CONADEP se dividió, un sector se negaba a entregar nada a las Fuerzas Armadas, y en febrero del ‘84, después de horas de discusión, y empatadas las posiciones, decidieron que en principio no entregarían nada.

La CONADEP difundió un video en julio que preanunciaba el contenido del Informe duro contra la dictadura. Esto alarmó al gobierno, que presionó a la Comisión con su estrategia de autoenjuiciamiento de los militares. Por el otro lado, las desafiantes declaraciones del Consejo Supremo autojustificando el accionar de la dictadura desafiaron a la CONADEP y al propio gobierno.

Finalmente, en medio de grandes manifestaciones populares, triunfó la posición de que fuera la Cámara Federal Penal (civil) el tribunal de enjuiciamiento. En septiembre del ’84 se publica el Informe “Nunca Más”, aunque sin los nombres de los represores denunciados, ni de los jefes de las zonas donde se encontraban los centros clandestinos que habían visitado. La posición de publicarlos quedó en minoría dentro de la Comisión. En el inicio del Prólogo del Informe de la CONADEP, al referirse los años previos a la dictadura, se desliza la idea de la lucha entre los dos demonios. Sin embargo, con respecto al período de la dictadura, en el propio Prólogo claramente se refiere claramente al terrorismo de Estado, al que se dedica todo el Informe.

Al tiempo que recibían el Informe como una conquista, en septiembre grandes manifestaciones continuaron exigiendo juicio y castigo a todos los culpables y que se publicaran los nombres de los represores, reiterando la necesidad de formación de una Comisión Bicameral.

El juicio a las juntas

L a Cámara Federal comenzó el Juicio a las tres primeras Juntas Militares con audiencias públicas que se extendieron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, realizándose las sentencias condenatorias el 9 de diciembre de 1985.

Así el Juicio a las Juntas fue por un lado una conquista limitada; por ejemplo el genocida general Harguindeguy, ministro del Interior de Videla, fue citado sólo como “testigo”. Las clases dominantes necesitaban cerrar el tema de los desaparecidos con un juicio a la cúpula y juzgando “los excesos de las Juntas”, porque gran parte del personal militar, particularmente de los altos mandos en ejercicio, habían participado del terrorismo de Estado.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

E n diciembre de 1986 el gobierno de Alfonsín hizo aprobar en el Parlamento la “ley de punto final”, que establecía un plazo de 60 días límite para hacer denuncias, y a partir de ahí prescribirían los delitos para los que no fuesen denunciados.

Algunos de los altos mandos en ejercicio, asociados al gobierno de Alfonsín, utilizaron su influencia política para ser borrados de las listas. La guerra de Malvinas había dejado fracturadas horizontalmente a las FF.AA., particularmente al Ejército. Y a la vez el gobierno de Alfonsín continuaba con la política de desmalvinización del último presidente dictatorial, el general Bignone, que no fue juzgado en el Juicio a las Juntas.

Ambos temas, de carácter opuesto, el de la represión antipopular y el de la guerra contra los ingleses, pudieron ser mezclados en la sublevación “carapintada” de 1987 protagonizada por oficiales intermedios y suboficiales, que exigieron al gobierno de Alfonsín una ley para que no se juzgara a los cuadros inferiores. Desbordados por la sublevación los mandos militares asociados al alfonsinismo, el gobierno aprobó en 1987 la “ley de obediencia debida”. A partir de ahí, estas dos leyes fueron el instrumento jurídico para mantener paralizadas las acciones judiciales contra los genocidas.

El banco Nacional de Datos Genéticos

P or otra parte en 1987 se crea, dependiente del Poder Ejecutivo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasa a cumplir un rol fundamental en la recuperación de los nietos, hijos de desaparecidos y para abrirle causas a sus apropiadores, siendo este un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Los indultos

E l gobierno de Menem profundizó la impunidad mediante una serie de indultos dictados a fines de 1989 y de 1990. Alcanzó a los comandantes de las Juntas condenados, a los demás represores con causas y condenas, y a Martínez de Hoz. También indultó a Firmenich –ex jefe de Montoneros-, de manera de presentar la impunidad como reconciliación enmarcada en la teoría de los “dos demonios”, que supuestamente así se “reconciliaban”. La lucha popular no se resignó, y las denuncias siguieron. Se redobló el esfuerzo por recuperar a los nietos, hijos de desaparecidos.

Sobre el final del menemismo, en el ‘98 vuelve a ser detenido por el robo de bebés y la desaparición de ciudadanos españoles el Almirante Massera, jefe de la Marina de la primera Junta de la dictadura. A la vez la represión a las puebladas va arrojando decenas de víctimas fatales bajo gobiernos constitucionales, entre ellas Teresa Rodríguez en 1997.

Durante el gobierno de De la Rúa se mantuvieron las leyes e indultos de impunidad, a la vez que el 19 y 20 de diciembre de 2001 caen asesinados bajo las balas de la represión policial en todo el país más de medio centenar de argentinos.

El Argentinazo y el quiebre de la impunidad

E l Argentinazo del 2001 también fue un punto de inflexión para la impunidad de los crímenes de la dictadura y de los gobiernos constitucionales.

Durante la Presidencia provisional de Duhalde se produce la masacre de Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, donde son asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La movilización popular rompió el encubrimiento de los crímenes, lo que derivó en una crisis política y en la convocatoria a elecciones en abril 2003.

Néstor Kirchner sale segundo en las elecciones con un 22% de los votos, pero asume con mucha debilidad tras la renuncia de Menem al balotaje, en un marco de masiva movilización y lucha popular que redobla sus reclamos también contra la impunidad. Así, en agosto de 2003 el Parlamento anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La nulidad de las leyes de impunidad permitió seguir el proceso contra unos 1.100 imputados por delitos de secuestro, tortura, el homicidio y la desaparición de miles de personas. A la vez, esto cerró jurídicamente los pedidos de extradición para ser juzgados en el extranjero que pesaban sobre varios represores, ya que ahora podían ser condenados en Argentina. Estos pedidos de extradición pesaron en una parte de las clases dominantes y las FF.AA. y fue aprovechado por el pueblo que logró la anulación de las leyes de impunidad. Aunque recién en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales los indultos, permitiendo así que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido en 1986, fueran juzgados. Como parte de estos triunfos populares, hoy conocemos a la nieta número 117 y se conquistó la cárcel efectiva de una parte, aún muy pequeña, de los represores genocidas.

El problema es que las causas vinculadas no se unificaron y que la presentación de pruebas quedó a cargo de los denunciantes, escapando el Estado de su responsabilidad. Esto siguió siendo una ventaja para los represores. Así se produjo la segunda desaparición de Julio López el 18 de septiembre de 2006, un día previo a la sentencia del genocida Etchecolatz.

La cooptación oficialista

L os gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pretendieron apoderarse del balance de la lucha popular, de más de 20 años en ese momento, aun cuando habían sido parte del menemismo ya en Santa Cruz, desde donde tejieron una base económica y diversos vínculos políticos y militares. En un contexto también de nuevos alineamientos internacionales, pudieron cooptar para el oficialismo a una parte de las organizaciones de derechos humanos, incluso a una parte de las Madres de Plaza de Mayo y a las Abuelas. Pero otra parte de los organismos de derechos humanos y del movimiento popular no fueron cooptadas y se mantuvieron organizadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia constituido en 1996.

La designación de Milani

P ero aquí también la verdadera esencia de su proyecto empezó a quedar claramente en evidencia con la designación del General Milani, denunciado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, como comandante en Jefe del Ejército. También con el Proyecto X de la Gendarmería, con la cadena a perpetua pendiente de la apelación de los petroleros de Las Heras, con la condena a 18 docentes y tres camioneros en Tierra del Fuego. Pero nuevamente fue la lucha popular la que forzó la renuncia de Milani en 2015. Los 33 asesinatos con motivo de la protesta social durante los mandatos kirchneristas también son un hecho irrefutable del carácter de su gobierno y del que sigue teniendo el Estado.

Macri y la dictadura

A cercándose el 40 Aniversario del golpe, Macri como Presidente ha hecho público su balance del Proceso de Reorganización Nacional al decir: “Nunca más violencia institucional y política”. Él no la llama dictadura, ni la condena como terrorismo de Estado, ni genocidio. Con esta formulación sutilmente hace reaparecer la teoría de los dos demonios, porque así pareciera que a la violencia política de unos, vino la violencia institucional de otros.

No es ingenuo. Su apreciación diluye el sistemático plan impulsado desde la dirección de las Fuerzas Armadas del Estado para la desaparición de personas y su alojamiento en campos de concentración, la tortura, la violación, el homicidio y el robo de bebés. Y borra el objetivo de esa acción de Estado: beneficiar a un puñado de monopolios y terratenientes, como lo fue su padre Franco Macri y muchos otros, con la estatización de la deuda de empresas y bancos privados en 1982.

También el designado Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, ex secretario de Medios del nefasto gobierno de De la Rúa, se hizo notar al afirmar que: “Los desaparecidos no eran 30.000 sino 7.000”. Una provocación al movimiento popular, por lo que exigimos junto a todo el movimiento cultural de la ciudad, su renuncia. Pero pasan los días…

Ahora ha trascendido la idea del gobierno de transferir a arresto domiciliario a los genocidas de más de 70 años que cumplen condena. Una medida que podría ser el primer paso en el sentido del editorial del diario oficialista La Nación, días después del triunfo de Macri en el balotaje. Editorial que concitó no sólo el mayor de los repudios desde las fuerzas democráticas en general, sino de los propios trabajadores de ese medio.