La “Justicia” fueguina ratificó la exclusión de tutela sindical del secretario general del SUTEF y de CTA Autónoma, Horacio Catena, cuyo despido ahora podría ser efectivizado por el gobierno provincial. Los docentes ratificaron su conducción y siguen la lucha.
El Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego falló a favor de quitar los fueros sindicales a Horacio Catena, secretario general del SUTEF y CTA Autónoma de TDF. Esto significa un nuevo paso en el proceso de despido contra él y otros 16 trabajadores de la Educación que el gobierno de Bertone lleva adelante. Se da también junto a otros dos casos de trabajadoras del escalafón seco suspendidas por este gobierno, dejándolas sin goce de haberes haciendo uso de un decreto de la dictadura. En el caso del SUTEF, la nueva resolución judicial fue tema de debate en el Congreso Provincial de Delegados realizado el pasado 8 de octubre.
En el Congreso, los docentes resolvieron en primer lugar declararse en estado de alerta y movilización, y ratificar a toda la conducción del SUTEF frente a tamaña persecución. Junto con esto se relanzó la campaña contra la exoneración (o despido) de los 17 dirigentes del sindicato, junto con la denuncia por la suspensión de las dos trabajadoras. Por último, se convocó a una nueva clase pública sobre el Plan Maestro, en Río Grande para el 19 de octubre.
Desde Vamos! conversamos con Verónica Andino, secretaria general del SUTEF de Río Grande y adjunta del provincial, quien estuvo presente en el Congreso.
–¿Cuál es la situación en concreto de Horacio Catena tras el nuevo fallo?
–Es el segundo fallo en contra, porque ya en primera instancia había sido rechazado el pedido de nulidad de exclusión de tutela para exonerarlo. Ahora el Tribunal también nos ha rechazado el pedido con lo cual esto quiere decir que en la provincia se agotaron todas las instancias. Por lo tanto si el gobierno provincial hoy quiere ejecutar esta definición, podría hacerlo y llevar adelante en lo inmediato la exoneración a Catena de la administración pública y dejarlo literalmente sin trabajo.
–¿Qué pasos siguen en el plano legal?
–El camino ahora es por un lado hacer una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sacando a esta causa de la provincia. Sobre eso están trabajando hoy nuestros abogados. Y por otro lado, lo que sí pedimos aquí en la provincia es el carácter suspensivo de este acto de exoneración hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Nuestros compañeros tienen además un juicio contencioso administrativo, cuya resolución es más larga, que va a decir si la pena de exoneración fue correcta o no. Por el caso, la oficial sumariante había pedido como pena máxima 25 días.
–¿Cuál es la situación del resto de los 17 trabajadores de la educación que quiere exonerar Bertone?
–Tenemos distintos grados de avance porque si bien la causa es general después tiene particularidades para cada caso y son distintos juicios para cada uno de los 17. Hay seis compañeros más que están prácticamente en las mismas condiciones que Horacio, nada más que esta sentencia es sólo para él. Pero uno podría pensar que correrían la misma suerte. Por otro lado hay otro grupo de cuatro, que son los de Río Grande, que como se trata de otro juez va más lento el procedimiento. Después, tres del último grupo estuvieron mal notificados y el gobierno tiene que empezar todo de nuevo.
–El caso va a ser tratado en la próxima sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene esto para la campaña de denuncia?
–Este año han ocurrido hechos importantes, como el amicus curiae que presentó el CELS, que fue para nosotros un respaldo muy importante a la defensa de nuestros compañeros. Después, la posibilidad que tuvo nuestro secretario general de viajar a Ginebra a la sesión anual de la OIT. El hecho de poder llevar a esas instancias internacionales nuestro pedido y poder explicar un poco de qué se tratan las persecuciones. Que no son sólo 17 compañeros sino que hay un montón de otras causas en curso. No sólo a docentes y ese juicio, sino que ahora hay persecuciones a trabajadores de escalafón seco que han sido notificadas en esta semana, de la suspensión sin goce de haberes hasta que se resuelva una cuestión administrativa. Las denuncias que tenemos 12 docentes de Río Grande por punteros del gobierno. La situación que tienen nuestros compañeros cuyos domicilios fueron allanados en la madrugada [en 2016]. Toda esa serie de arbitrariedades que ha habido de parte del gobierno provincial en contra de los representantes sindicales, le han dado mucha fuerza a nuestro pedido y por eso somos uno de los cuatro casos que van a llevarse a la sesión de la Comisión en Montevideo. Más allá de lo que se vaya a resolver nos parece muy importante porque no es sólo una cuestión de los docentes de Tierra del Fuego sino que tiene que ver con los trabajadores en general. Sería un avance gravísimo condenar a dirigentes sindicales, luchadores sociales, por haber participado de una protesta.
–Otro de los puntos del Congreso fue el Plan Maestro. ¿El gobierno provincial los ha convocado a los docentes para analizar este tema en algún momento?
–No, en absoluto. Eso es justamente una de las cosas que nosotros más estamos solicitando. Hemos presentado pedidos no sólo a la Legislatura, que nunca desde que está en funciones –ya van a ser dos años– nos ha citado al sindicato docente para discutir éste y otros temas. Este año se ha producido un ajuste muy importante en Educación en la provincia, con caídas de cargos, horas, sobre todo en aquellas partes del sistema educativo que son más necesarias como los par pedagógicos, maestro acompañante, los gabinetistas que trabajan en las áreas clínicas de atención a los niños. O el recorte en educación secundaria de diferentes trayectos que había y proyectos de las instituciones de acompañamiento a los niños y jóvenes más vulnerables. Todos esos programas y dispositivos se dieron de baja con lo cual todos esos niños y jóvenes quedaron a la deriva. El Plan Maestro trae más de todo eso que aquí en la provincia de hecho ha ido muy lejos en la aplicación.
–¿Cuáles son los aspectos que más les preocupa sobre este Plan?
–Estamos justamente en la etapa de leer todo lo posible, de indagar, de cómo ha sido aplicado en otras provincias porque es como una gran incógnita. Por ejemplo el tema de la inclusión: porque justamente los estudiantes con discapacidad son los destinatarios de estos recursos que hoy se recortan. Las escuelas especiales cumplen un rol fundamental y de acuerdo al Plan Maestro vamos camino a la eliminación de las escuelas especiales, con el criterio de que todos tienen que estar “incluidos” dentro de las escuelas comunes. Lo que pasa es que para que eso suceda deberían tener todos los recursos humanos y accesibilidad para llevarlo adelante. Y sin embargo en esta provincia se recortó precisamente en esa área. ¿Cómo lo harían?
–¿Qué cambios habría en educación secundaria?
–Esencialmente la pérdida de contenidos. Por un lado la pérdida de contenidos para los alumnos y por otro la pérdida de puestos de trabajo y estabilidad para los docentes. Porque se plantea reducir de 14 espacios curriculares llevarlo a 7, conformados por áreas, donde obviamente se pierden contenidos porque tienen mucho menos tiempo con los docentes y los estudiantes. Después hay una propuesta de llevar el último año de la secundaria que los alumnos puedan realizar pasantías en empresas. Lo plantea con ese nombre: empresas. Y quienes vayan a monitorear ese último año de pasantías no hace falta que sean docentes. Pueden ser tutores externos, incluso de las mismas empresas donde estén. Por supuesto que no son rentadas. Y por un año, tiempo durante el cual el alumno va a trabajar gratis en una empresa, pero que además se va a perder los contenidos y la formación que tenía en este último año de la secundaria. Una pérdida doble. Para el gobierno es fundamental la “cultura del trabajo”, pero ese tipo de trabajo: mano de obra barata para favorecer a las empresas, no a los estudiantes.
