Hacia la campaña presidencial y desde las usuales cadenas nacionales, el Gobierno propagandiza un balance de un millón de soluciones habitacionales realizadas por los Planes Federales de vivienda en 10 años y, desde hace dos años, de los créditos otorgados por el Plan Procrear. Ambas iniciativas han abordado planes de vivienda estatales, mejoramientos de casa y barrios, urbanizaciones de villas, viviendas con cooperativas, casas nuevas y ampliaciones en todo el país. Sin embargo, ¿cuál es el real alcance de la política oficial en vivienda? ¿Se avanza hacia una solución o persisten los problemas estructurales?
Conflictiva crisis habitacional
Como contrapunto a la campaña oficial, en estos años hemos asistido a gravísimos conflictos por tierra, vivienda y hábitat. Algunos ejemplos son los ocurridos en Parque Indoamericano y Lugano (2010 y 2014), en Libertador San Martín (Jujuy) o en la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (ex La Primavera) en Formosa. Fueron desatados a partir de ocupaciones que buscan respuesta a esta necesidad pero que tuvo como respuesta el hostigamiento por parte de los gobiernos y finalmente la represión, con el resultado de víctimas fatales.
La Secretaría de Tierras de Nación contabilizó más de tres mil conflictos por tierra y vivienda en el país. Ha aumentado el número de villas y asentamientos, contabilizándose más de 800 sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las villas crecen en altura y en hacinamiento. En cada lote de los asentamientos y barrios populares, las familias construyen espacios para los hijos que no tienen a dónde ir, densificando la pobreza y la precariedad.
En las capas medias ha crecido el número de inquilinos de viviendas cada vez más pequeñas, que no responden a las necesidades familiares, en un mercado casi sin regulación y en condiciones cada día más difíciles de mantener. En la CABA, según estadísticas oficiales, la cantidad de inquilinos pasó del 22,1% en 2001 a más del 33% en 2015, destinando entre el 40% y el 60% del salario.
También se ha agravado el problema de las inundaciones, que tiene relación directa con el descontrolado negocio inmobiliario. Un caso paradigmático es la inundación de La Plata el 2 de abril de 2013, que afectó a miles de viviendas y barrios, precarizando más a los más pobres (ver Vamos! Nº2, 9/4/2013).
En las ciudades se ha elevado el costo del suelo y de la vivienda, requiriéndose en el 2015 el equivalente a 75 sueldos para comprar lo que hace doce años se compraba con 25. Miles viven con sus familiares sin poder acceder a vivienda propia.
¿Qué está pasando en el hábitat popular?
La concentración de nuestra población en cada pueblo, ciudad y en particular en el AMBA –que creció un 70% en los últimos 40 años a expensas del despoblamiento de otras áreas del territorio nacional– expresa la historia del desarrollo deformado de la Argentina, que ha configurado el territorio y el hábitat rural y urbano bajo las necesidades de monopolios extranjeros y grandes propietarios de la tierra rural y urbana.
Esto se acentuó en los últimos diez años con la hiper-especialización sojera que, concentrando en pocas manos la propiedad y explotación de la tierra rural, va desertificando el campo, desarrollándose un proceso de expulsión de población hacia las zonas urbanas. Este proceso, con sus particularidades, es compartido por los países limítrofes, constituyendo la base de las migraciones hacia las zonas urbanas de miles de paraguayos, bolivianos, uruguayos y peruanos, para incorporarse a la construcción, al servicio doméstico o a actividades informales que los provean de ingresos, que en muchos casos son enviados a sus familias de origen.
La sintonía urbana de este proceso considera la tierra y los inmuebles como objeto de negocios y de extracción de renta. Así van concentrando las decisiones, la propiedad y la producción inmobiliaria de las ciudades en un pequeño número de profesionales, desarrolladoras y constructoras. En 10 años se construyeron millones de metros cuadrados para la especulación, dando como resultado 340.000 viviendas vacías en la CABA y más de 2.000.000 en todo el país.
Junto con esto se multiplican los negocios de urbanización en grandes fracciones de tierras públicas: a Puerto Madero en el AMBA y a la costa de Vicente López se sumaron las playas ferroviarias, los parques de la Comuna 8 y se intenta con las tierras de los hospitales. También se siguió alentando la creación de urbanizaciones cerradas. En los últimos 10 años se construyeron en el AMBA más de 200 nuevos barrios cerrados: suman más de 36.000 hectáreas de tierras para pocos.
Todo esto ha provocado un proceso de expulsión de población de los barrios a zonas con costos más bajos, por estar más lejanas o en condiciones ambientales y de infraestructura más precaria, acumulando a miles de familias en las periferias de las grandes ciudades. En los bordes del AMBA y en las zonas degradadas de la CABA, un millón de personas se hacinan en villas y asentamientos , en graves condiciones de precariedad y habitabilidad, y en el contexto del mercado informal de alquileres.
Esto golpea también a los sectores medios, cuyos barrios son objeto de violentos procesos de “reconfiguración y puesta en valor”, saturando y deteriorando infraestructuras, calles, plazas y parques, equipamientos de salud y educación, encareciendo la tierra y la vivienda, y empujando a la inquilinización masiva.
Las políticas de Estado fomentan ambos fenómenos, agravando la situación de miles que padecen distintas formas de emergencia habitacional, alentando el boom de la construcción y el acrecentamiento de la especulación con el valor de la tierra urbana. El desequilibrio poblacional del país y esta doble expulsión de los sectores populares es un problema que se ha agravado.
Además, la industria tanto de la construcción como de la producción de insumos está entramada concentradamente con esos intereses. Sobre 17.000 empresas constructoras, 270 concentran el 62% de la actividad y de esas sólo 10 concentran el 20%. Y si se observan los principales insumos, cuatro empresas concentran el 72% de la producción de cerámica roja (fuente: Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas).
Según el Censo 2010, al tomar en cuenta los distintos problemas habitacionales, surge que más de 3 millones de hogares se encuentran con problemas de vivienda, involucrando a más de 10 millones de habitantes, la cuarta parte de nuestra población.
El plan Procrear –que busca atender las necesidades de las capas medias– está organizado desde un Banco Hipotecario que ya no es estatal sino una sociedad privada de IRSA con el Estado. Este banco es el que se queda con las hipotecas de miles de viviendas. Largada la operatoria, la especulación con el suelo elevó el valor de la tierra en cada pueblo, por lo que los montos de los créditos no alcanzan a cubrir tierra y construcción. Y el plan deja fuera a millones por bajos ingresos, por temporarios, por informales.
Conquistas y concesiones
A la gravedad de la situación que se evidencio en la crisis del 2001 y ante el reclamo de miles, el Gobierno concedió una batería de programas dentro de los Planes Federales tomando el tema de la urbanización de las villas, la construcción de viviendas en los barrios de los desocupados, el mejoramiento de barrios populares, la ampliación de viviendas y la construcción de barrios. Y dejó en manos de cooperativas la ampliación de la red de infraestructura. Son conquistas populares arrancadas con la lucha.
Efectivamente, en 10 años se construyeron un millón de soluciones habitacionales. Si a esto le sumamos las miles de viviendas construidas por el mercado inmobiliario privado, se evidencia que no hay un problema de falta de construcción de vivienda sino de acceso a ella. Porque el problema de la vivienda y el hábitat lleva la marca de un país dependiente y atrasado. Las ciudades se construyen, se modifican y se ordenan en función no de los intereses y necesidades populares sino de las corporaciones de negocios ligadas al capital financiero entramado con el capital extranjero.
Sólo excepcionalmente las organizaciones populares han podido imponer el reconocimiento de esas necesidades y medidas concretas para encarar su resolución, y casi siempre después de procesos de lucha y movilización de meses o años, muchas veces enfrentando la represión oficial. Basados principalmente en su propia organización y esfuerzo y sólo secundariamente en el aporte del Estado nacional o municipal, y siempre en forma puntual y no generalizada en forma de políticas.
Encarar una solución efectiva y de largo plazo a un problema que sigue siendo acuciante requiere un programa que ataque las bases estructurales que diariamente recrean condiciones que expulsan a cientos de miles de su derecho a la ciudad mientras siguen volcando a la gran urbe nuevos cientos de miles provenientes del gran Buenos Aires, de las provincias o de países hermanos en busca de trabajo o de mejores condiciones de vida.
En nuestro país hay antecedentes importantes para recuperar y poner en práctica, como por ejemplo: el congelamiento de alquileres que rigió entre 1948 hasta 1977, las leyes de expropiación de tierras a favor de las familias que las habitan que se conquistó en la provincia de Buenos Aires desde 1991, la dotación obligatoria de agua, luz y cloacas a los asentamientos sin regularización dominial que se conquistó en el Chaco.
Habrá solución de fondo a la crisis habitacional cuando logremos romper la dependencia que condena a la Argentina y cuando la vivienda deje de ser un negocio. Se requiere otro urbanismo, sobre otras bases sociales y al servicio de los intereses nacionales y populares. En ese camino, de liberación nacional y social, planteamos que un plan de acceso universal a la vivienda requiere:
• Regulación del mercado del suelo y alquileres, evitando que la especulación inmobiliaria modele la ciudad.
• Créditos sociales para vivienda vinculados al salario con preferencia en la atención a la primera vivienda.
• Urbanización y programas habitacionales integrales en villas, asentamientos, conjuntos habitacionales y barrios populares, basados en estrategias conjuntas con los habitantes, sus organizaciones barriales y el aporte de consultorios interdisciplinarios.
• Reforma urbana y reforma rural.