Este 24 de marzo centenares de miles nos movilizamos en todo el país. En la Plaza de Mayo se libró un tenso forcejeo, ya que fuerzas kirchneristas intentaron bloquear la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Reclamamos por justicia para los 30.000 detenidos-desaparecido y asesinados. Denunciamos la impunidad, la represión, la criminalización y el espionaje a la lucha social en la actualidad.
A lo largo y a lo ancho del país se realizaron movilizaciones por los 37 años del golpe de Estado. En la Plaza de Mayo hubo dos actos: uno oficialista y otro organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que viene coordinando las movilizaciones cada 24 de marzo desde hace 17 años y sostiene críticas precisas al gobierno nacional.
El intento por parte de las fuerzas kirchneristas La Cámpora y Unidos y Organizados de bloquear el ingreso a la Plaza fue infructuoso y sobrepasado por la masividad de la convocatoria del EMVJ. Sin embargo demoró el inicio del acto. La columna entró por Diagonal Norte y a eso de las 20 hs comenzó la lectura del documento.
El discurso oficialista sobre los derechos humanos.
El acto oficialista tuvo como eje central la democratización de la Justicia. Planteó además la investigación de las corporaciones y de la complicidad civil. Hizo balance de los 400 represores condenados. Mencionó algunos casos de compañeros asesinados en los últimos años –como Mariano Ferreyra o Fuentealba-, pero para deslindar toda responsabilidad del gobierno nacional en cualquier caso.
Por parte del kirchnerismo, este reclamo de “democratización de la Justicia” ha aparecido recién después de que el gobierno nacional haya tenido un revés judicial en la aplicación de la Ley de Medios. Nadie puede estar en contra de democratizar la Justicia y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, ¿qué “democratización” busca el gobierno con el espionaje social como evidenció el Proyecto X y el impulso a la Ley Antiterrorista?
Avances y realidad en los juicios al genocidio de Estado.
El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) denunció a los genocidas como así también la responsabilidad de “las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.”
También destacó el logro de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados, como los juicios de la ESMA (en Buenos Aires), La Perla (en Córdoba), y Arsenales y Jefatura de Inteligencia (Tucumán), que reúnen delitos contra 1.500 víctimas y 150 acusados. Son logros de la incansable lucha popular.
Sin embargo, existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura. De modo que no se llega ni a 2 represores condenados por campo clandestino. Entonces, esta lentitud en los juicios hace posible que cientos de ellos mueran de vejez sin llegar a ser tocados por la Justicia. Así, ya son 320 los represores que murieron impunes.
Este retraso en los juicios tiene que ver con que siguen dentro del sistema judicial jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas. Además, las causas siguen estando en su inmensa mayoría fragmentadas y parcializadas. A este ritmo “serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.”
Cada 24 de marzo se evidencia que no falta consenso social para agilizar los juicios. Falta decisión política del gobierno. El gobierno K hace concesiones. Pero en definitiva pretende utilizar la lucha popular para afianzar su hegemonía en la disputa dentro de las clases dominantes. Esto explica que no vaya a fondo con las medidas necesarias para lograr el castigo a todos los culpables. También explica su política activa en el espionaje, persecución y criminalización a los luchadores populares.
Impunidad y criminalización hoy.
El documento del EMVJ denuncia la criminalización de la protesta social. Hoy son 5.000 luchadores populares procesados. Es una política sistemática, reafirmada por el espionaje a organizaciones sociales que fue descubierto en el Proyecto X, a cargo de la Gendarmería Nacional.
El gobierno nacional también contribuyó a esta criminalización con el impulso que le dio a la Ley Antiterrorista. Con su aplicación se duplican las penas de cualquier delito “que hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o de exigir una medida a las autoridades” (textual de la ley mencionada).
Junto con esto se han producido decenas de asesinatos en las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y entrega. Son producto de una política que en definitiva sostiene el latifundio y la sojización, la precarización laboral, y la corrupción de Estado.
Para avanzar en la lucha popular y en la liberación, hay que denunciar esta impunidad de ayer y de hoy. En la Plaza de Mayo y en todo el país, esta voz se hizo escuchar nuevamente.