En su desesperada huida de la guerra de Siria y otras fogoneadas por las grandes potencias en el Medio Oriente y el norte de África, los refugiados siguen muriendo por centenares ahogados en el Mar Egeo, tratando de alcanzar las costas griegas desde Turquía, para desde allí intentar un penoso camino hacia la Europa “desarrollada” a través de Macedonia, Serbia y Hungría. Decenas de miles subsisten por meses en condiciones infrahumanas en inmensos campamentos en Grecia, ahora convertidos en lodazales por las lluvias de invierno.
Pero hasta esa esperanza les destruyeron los gobiernos europeos en los últimos días: la llamada “ruta de los Balcanes” fue tapiada con la decisión de Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia de no dejar pasar por su territorio a más refugiados indocumentados o sin visa. Ya antes lo había hecho Austria, y Hungría reforzó con efectivos militares su frontera cercada con alambres de púa. La disposición fue apoyada por la Unión Europea (UE) por boca del propio presidente del Consejo Europeo, el polaco ultrarreaccionario Donald Tusk. Con esto quedó liquidado de hecho el Acuerdo Schengen, donde la UE proclamaba el “libre tránsito” de las personas entre sus países integrantes.
En Grecia, mientras tanto, más de 36.000 inmigrantes están varados, la mayoría en Idomeni, imposibilitados de cruzar la frontera con Macedonia. La desesperación de quienes huyen de la guerra, la miseria y la falta de futuro es multitudinaria. 850.000 personas llegaron a las islas griegas en 2015 y otros 110.000 en los dos primeros meses de 2016. Las islas del Egeo eran –hasta ahora– la puerta de entrada a la Europa “rica”, en la que millones de refugiados o migrantes imaginan un futuro de trabajo y una vida normal y sin guerra.
Uso miserable
de los refugiados
Ambos cacarean argumentos ya remanidos como “impedir que la gente se siga ahogando en el mar”, “terminar con el negocio del tráfico de inmigrantes” y “aliviar a Grecia de la masa de refugiados”. El gobierno turco, miembro de la OTAN y firme aliado de Washington, aprovecha la alarma de los gobiernos comunitarios, la reacción anti-inmigrante de una parte creciente de la población europea y el crecimiento electoral de fuerzas ultrarreaccionarias (ver recuadro “Incluso dispararles”) para obligar a las burguesías monopolistas de Europa a concederle más ayuda financiera (el acuerdo efectivamente incluye aumentar de 3.000 a 6.000 millones de euros la ayuda de la UE a Turquía), y a cerrar los ojos a la tiránica represión de Erdogan a la lucha popular y a los nacionalistas kurdos (persecución al Partido de los Trabajadores del Kurdistán –PKK–, bombardeos sobre Rojava en el Kurdistán sirio, censura oficial a la agencia de prensa Cihan, etc.). Erdogan presiona, además, para acelerar el trámite de ingreso de Turquía a la UE. Del otro lado, los gobiernos europeos usan las pretensiones del premier turco Erdogan para sacarse de encima una parte de la inmensa marea de refugiados.
La dirigencia europea y el gobierno turco –respaldado por los yanquis– vienen desde hace años metiendo impúdicamente las manos en la sangrienta guerra civil siria, y ahora se tiran unos a otros la masa de desesperados que son su consecuencia.
Enviar los refugiados a Turquía es prácticamente una deportación. Los capos europeos decidieron desconocer la obligación legal de los países de la UE de garantizar el derecho de asilo, que implica no devolver a los solicitantes de protección y no expulsar a migrantes de un país comunitario (Grecia) a otro que no lo es (Turquía).
Bajo el régimen fascista que impera en Ankara, además, sería una deportación siniestra. Los sirios en Turquía no son reconocidos como refugiados, se les niega el permiso de trabajo y el derecho de enviar a sus hijos a la escuela, y la mayoría son relegados a trabajos “de segunda” o se ven obligados a mendigar. Muchos viven en piezas alquiladas por familias turcas, o duermen en la calle. Más de dos millones y medio de refugiados, principalmente sirios, sobreviven en Turquía en estas condiciones. La mayoría aspira apenas a una estadía transitoria, para de allí pasar a Grecia y llegar finalmente a los países del centro de Europa.
Mano de obra barata,
miedo y racismo
La incontenible ola de refugiados divide a la dirigencia de las potencias de Europa. Lo que preocupa a esos gobiernos y partidos no es la responsabilidad de sus políticas imperialistas en el hambre, la destrucción, las sangrientas rivalidades y persecuciones étnicas y religiosas que empujan a cientos de miles de personas en Medio Oriente y el norte de África a huir o a migrar de sus países dejándolo todo. Sus diferencias son sobre cómo afrontar el “peligro” –según las burguesías monopolista– que ven en la masiva ola de inmigrantes y el temor que el arribo de esos miles de familias o de hombres, mujeres y hasta niños solos de otras naciones, religiones y etnias provoca en sectores populares de capas medias y de obreros por su “identidad” o su estabilidad laboral. Esa fisura viene expresándose en los últimos años también en el plano electoral.
La canciller alemana Angela Merkel, que mantuvo y profundizó las políticas de ajuste promonopolista y antiobrero de la “Agenda 2010” y el plan “Hartz IV” del gobierno socialdemócrata de Schroeder, ahora propone una actitud “humanitaria”: critica el cierre de la ruta balcánica y promueve que los países de la UE se repartan los refugiados. Alemania recibió más de un millón de ellos en 2015 (se calcula que unos 3.000 por día). La canciller alemana por un lado se preocupa por la difícil situación que la oleada inmigratoria le provoca a Grecia, probablemente porque Alemania corre con una parte importante del financiamiento de los “rescates” financieros que Europa destinó a frenar la crisis griega. Pero por otro lado pensó que el masivo ingreso de inmigrantes facilitaría una masa de mano de obra barata a los monopolios alemanes golpeados por la crisis económica mundial aún en curso.
Sin embargo, la crisis económica que no cede y se profundiza echó por tierra las aspiraciones de “usar” esa mano de obra barata, y en cambio se va profundizando la crisis social dentro mismo de Alemania. En este contexto Merkel encuentra cada vez más oposición en la dirigencia de los otros países de la UE, en fuerzas políticas de Alemania y hasta dentro de su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana. En toda Europa crece el racismo contra el inmigrante. Y crece el fascismo, volviendo a expresar “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas [ultranacionalistas] y más imperialistas del capital financiero”, como en los años ’30 lo definió el dirigente de la Internacional Comunista Dimitrov, en un mundo también entonces sacudido por la crisis. Todo esto presagia grandes convulsiones políticas y sociales en Europa y en el mundo.
Asoma el fascismo
Corriendo por derecha a la canciller Merkel, la jefa del partido fascista “Alternativa para Alemania” (Alternative für Deutschland, AfD), Frauke Petry, sostuvo que la policía “debe impedir el ingreso ilegal de los refugiados, incluso disparándoles si es necesario”.
“Alternativa para Alemania” nació apenas en febrero de 2013. En tres años consiguió conquistar a una masa de electores desencantados con los partidos “tradicionales” (fundamentalmente democristianos y socialdemócratas) que ven en el proceso de integración europea y en las políticas migratorias actuales una amenaza para la identidad alemana. Es una de las fuerzas europeas que representa a lo más reaccionario de la burguesía imperialista, que actualmente son los sectores más “euroescépticos” de los monopolios germanos: para ellos la pertenencia a la UE es un lastre que limita su expansión. Proponen utilizar a la UE como un simple respaldo para el “renacimiento” del poderío alemán, o en última instancia salirse de ella.
La derecha fascista alemana trata de unificarse y ya ha logado constituirse en una opción electoral de peso: “Alternativa…” tiene posibilidades reales de entrar en tres nuevos parlamentos estaduales y en el parlamento nacional de Alemania (Bundestag) en 2017. Se calcula que entonces superaría largamente el piso del 5% de los votos necesario para entrar en el Bundestag. Además, AfD está en conversaciones con el grupo racista “Pegida”, que cada lunes manifiesta por las calles de Dresde contra lo que llama la “islamización” de Occidente.
La canciller Angela Merkel trata de atemperar la situación declarando que el asilo de los refugiados en Alemania es temporario y que tendrán que regresar a sus países una vez terminados los conflictos de los que huyeron. Pero la crisis económica que, aunque en menor medida, también golpea a Alemania, acelera el ascenso de los grupos y partidos fascistas. La corriente de la burguesía monopolista que sostiene a la Merkel está en retroceso, y la canciller puede perder la partida de las elecciones federales en 2017.
Las fuerzas de derecha y ultrarreaccionarias avanzan promoviendo programas antiobreros, promonopolistas y expansionistas. Y avanzan no sólo en muchos países europeos sino también en los Estados Unidos: el millonario fundamentalista cristiano Donald Trump, posible candidato del partido Republicano, es su expresión más acabada. Para la clase obrera y los pueblos oprimidos, el fascismo puede volver a ser un enemigo todavía más peligroso.
