El fallo de la Corte Suprema que anuló parcialmente las resoluciones 28/16 y 31/16 del Ministerio de Energía es, ante todo, un fuerte golpe político al gobierno nacional. Es cierto que más que anular posterga el tarifazo; pero desacredita varios de los argumentos centrales con los que fueron resueltos aumentos de hasta 1500% (¡o más!). Si bien es un mecanismo formal, el gobierno hizo el ridículo doblemente con la cuestión de las audiencias públicas: primero cuando intentó ampararse en audiencias del año 2004, y luego cuando fue forzado a convocarlas.
En lo económico es un alivio a los bolsillos domiciliarios en cuanto a las boletas de gas durante este frío invierno. Además es probable un fallo similar esta semana en relación al amparo por los aumentos de luz. Y, lejos de cerrarse la conflictividad, la movilización popular se ve fortalecida y reafirma su justeza. Una lucha que se viene desplegando desde diversos agrupamientos y sigue contra los aumentos que el gobierno intentará tras las audiencias, como así también contra los demás tarifazos en agua y transporte. Ya ha sido convocada la audiencia por el gas para el lunes 12 de septiembre y ha sido anunciada para la luz.
En resumen: el fallo de la Corte Suprema fue apenas una batalla. Pero, más allá de que el relato PRO haya quedado bastante maltrecho, lo único que puede frenar a mediano plazo los tarifazos que pretende el gobierno es la movilización popular.
¿Qué estableció el fallo?
- Deben realizarse audiencias públicas previo a establecer los precios del transporte y distribución de energía. La Corte rechazó el desopilante argumento del gobierno que pretendió ampararse en audiencias realizadas hace más de diez años, versión defendida con insistencia hasta por el mismísimo presidente Mauricio Macri.
- La Corte además planteó que “debe tenerse en cuenta” a las audiencias para el establecimiento de las tarifas y que los aumentos deben ser “razonables”. ¿Un 400% sería “razonable” según los magistrados?
- También el precio a boca de pozo, si es “regulado por el Estado”, debería fijarse tras la realización de una audiencia pública. Según confiesa el diario La Nación, el gobierno no se esperaba tener que convocar audiencias para argumentar el aumento del 100% en dólares que se le pasó a pagar a las petroleras productoras de gas. Este costo representa 65% de la tarifa domiciliaria. El gobierno dijo que llamaría a audiencia aunque todavía está abierta la posibilidad que intente alguna medida que haga aparentar que no hay regulación estatal.
- Habiéndose rechazado los aumentos en producción, transporte y distribución de energía, por el momento quedó anulado el tarifazo para los usuarios domiciliarios. Como se deben convocar las audiencias, el aumento no podrá ser retroactivo –como había soñado Elisa Carrió–. Se deberá volver a facturar el gas con los precios que estaban vigentes hasta marzo. Mientras ya convocaron las audiencias para aprobar los aumentos, el gobierno pretende mostrarse tranquilo con que las conexiones residenciales “sólo” significan el 27% del total.
- Comercios y empresas quedaron excluidas de este fallo, pero podrán iniciar o continuar con procesos judiciales. Un efímero respiro al gobierno, ya que algunas cámaras ya anunciaron que irán a la Justicia. Naturalmente que esta exclusión del fallo perjudica principalmente a pymes, fábricas recuperadas, pequeños comercios, clubes de barrio, etc. Otras empresas, especialmente las grandes, probablemente prefieran privilegiar acuerdos con el gobierno antes que iniciar nuevos amparos.
- Tarifa social: quedó ratificada. La amenaza del gobierno, que llegó a afirmar que si se anulaban sus resoluciones se caía este beneficio, quedó en la nada.
Repercusiones
El fallo desató una crisis dentro del gobierno. Tan desorientado quedó que, en las largas horas que pasaron desde que se conoció el fallo hasta que el gobierno se pronunció, habrían llegado a evaluar en acusar al fallo como “populista”. Tragicómico.
Luego, Marcos Peña Braun y el shellista Juan José Aranguren cumplieron la formalidad de la conferencia de prensa en que anunciaron que realizarán las audiencias exigidas también por la Justicia. Aunque al otro día, la reunión “del equipo” para analizar los alcances del fallo no incluyó al ministro de Energía. Y a través de La Nación y otros medios tomó peso como vocero el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien reconoció que se debería haber convocado las audiencias mientras deslizó que el fallo tiene “contradicciones”. No es que el gobierno no tenga recursos para insistir con los aumentos, sino que sus falaces argumentos han quedado expuestos.
Un punto que quedó particularmente expuesto es cómo se fija el precio que se le paga a las petroleras en boca de pozo. El martes anterior en el Congreso, Aranguren se negó a decir cuánto es el costo promedio. Pero, mientras tanto, lo aumentó de 2,60 dólares el millón de BTU a 5 dólares. El argumento oficial viene siendo que se debe equiparar el precio local con el internacional. Sin embargo, esto parece no valer para el petróleo ya que el gobierno fijó un precio de 67 dólares el barril cuando internacionalmente está a 43. El otro argumento es que aumentan el precio para incentivar la producción. Pero, en realidad, simplemente está promoviendo el agotamiento acelerado de los pozos ya descubiertos y no nuevas exploraciones. Esto es lo que hizo Repsol, por ejemplo.
El otro punto que también quedó planteado es qué han hecho las distribuidoras y transportistas con los millonarios subsidios recibidos en los últimos años. Para citar un caso, Edesur resultó tener ganancias de 1.342 millones de pesos en 2015, mientras millones de usuarios debieron sufrir los cortes de luz. El problema que el negocio de distribuir energía es antagónico al derecho social a los servicios esenciales. ¿Por qué entonces tenemos que pagar esas ganancias, ya sea en la factura o con subsidios que también salen de los impuestos al pueblo?
Como era de esperar, tras el fallo el gobierno no optó por bajar los precios a boca de pozo o investigar el destino de los subsidios, sino que modificó el presupuesto para aumentar los subsidios a petroleras y privatizadas de servicios en 11.500 de pesos (Resolución Administrativa 886/2016). La mayor parte, unos 7.200 millones de pesos, va destinado a las petroleras. Entonces se ha puesto en debate también la necesidad de estatización servicios públicos y producción de hidrocarburos con control de los trabajadores. En lo inmediato, quedan por delante las audiencias de gas y luz, y las acciones que se organizarán desde los diversos agrupamientos que vienen convocando contra los tarifazos.
Estatización de los servicios públicos
En las largas horas que pasaron desde que se conoció el fallo hasta que el gobierno se pronunció, habrían llegado a evaluar en acusar al fallo como “populista”. Tragicómico. No es que el gobierno no tenga recursos para insistir con los aumentos, sino que sus falaces argumentos han quedado expuestos.
Un punto que quedó particularmente expuesto es cómo se fija el precio que se le paga a las petroleras en boca de pozo. El martes anterior en el Congreso, Aranguren se negó a decir cuánto es el costo promedio. Pero, mientras tanto, aumentó el precio del gas a boca de pozo de 2,60 dólares el millón de BTU a 4,5 dólares. Esto implica aumentar la facturación de las productoras de gas –entre las que se encuentra Shell– de 4.000 a 6.800 millones de dólares al año (según analizó el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz).
El argumento oficial viene siendo que se debe equiparar el precio local con el internacional. Sin embargo, esto parece no valer para el petróleo, ya que el gobierno fijó un precio de 67 dólares el barril cuando internacionalmente está a 43. El otro argumento es que aumentan el precio para incentivar la producción hidrocarburífera. Pero, en realidad, simplemente está promoviendo el agotamiento acelerado de los pozos ya descubiertos y no nuevas exploraciones. Esto es lo que hizo Repsol, por ejemplo.
El otro punto que también quedó planteado es qué han hecho las distribuidoras y transportistas con los millonarios subsidios recibidos en los últimos años. Mientras millones de usuarios debieron sufrir los cortes de luz, Edesur resultó tener ganancias de 1.342 millones de pesos en 2015; y las ganancias de Edenor fueron utilizadas para adquirir la filial argentina de Petrobras este año. El problema es que el negocio de distribuir energía es antagónico al derecho social a los servicios esenciales. ¿Por qué entonces tenemos que pagar esas ganancias, ya sea en la factura o con subsidios que también salen de los impuestos al pueblo?
Entonces se ha puesto en debate la necesidad de estatización servicios públicos con control de los trabajadores. También debemos agregar: la estatización de la producción de hidrocarburos. En lo inmediato, quedan por delante las audiencias de gas y luz, y las acciones que se organizarán desde los diversos agrupamientos que vienen convocando contra los tarifazos.
