El gobierno nacional destaca la baja en los índices de desocupación, siempre comparando con la crisis del 2001. Lo que oculta tras las buenas noticias es que la informalidad es un fenómeno que ha ido creciendo para instalarse como una realidad que se extiende a más de la mitad de los trabajadores de la Argentina.
Esto abarata el costo laboral para los empresarios privados y para el propio Estado, y fragiliza aún más la situación de millones de trabajadores y sus familias. Hablar de precarización es decir inestabilidad laboral, no tener aportes jubilatorios ni cobertura social, mayores índices de inseguridad, accidentes e insalubridad, inexistencia de seguros o ART, no cobrar vacaciones ni aguinaldo, percibir salarios aproximadamente un 30% menores a los que se encuentran “registrados”. La precarización laboral es también instrumento de coerción y disciplinamiento, donde el latente desempleo funciona como amenaza.
El trabajo en negro.
Según los no tan certeros datos del INDEC, la desocupación ha llegado a bajar al 6,9% a fines de 2011. Hoy ha subido al 7,9%, mostrando la crisis de este “modelo”.
Sin embargo, tampoco son buenas noticias las modalidades de precarización que se profundizaron en la década K. El 85,3% de los puestos de trabajo creados en el año de mayor crecimiento de esta década fue trabajo informal. Ese año 2003, “de los 1.455.778 empleos nuevos, los nuevos asalariados no registrados fueron 1.082.100. La incidencia de la informalidad en la recomposición del cuadro laboral argentino fue casi plena” (Informe de la CTA, julio 2011).
El Ministerio de Trabajo de la Nación también ofreció sus datos a fines del 2012. Reconoce que del total de ocupados, apenas el 66,3% (poco más de 10 millones) aparece como “registrado” (en blanco). Es decir, uno de cada tres trabajadores ocupados están “en negro” (5,4 millones de personas). Nada se dice del exponencial aumento de las personas que buscan un segundo o tercer empleo, sea en el sector privado como en el público.
De los asalariados del sector privado el 43% está en negro (sobre un total de 9,3 millones). La mayoría son jóvenes. Los sectores más afectados: servicio doméstico, construcción, hotelería y gastronómicos.
Por otro lado, una infinidad de planes y programas de asistencia social luego terminan siendo “empleos” al momento de contar los porotos. Una enorme creatividad en las palabras para estirar la realidad. Este fenómeno no sólo abarca al Estado nacional. Los estados provinciales y municipales también esconden la realidad bajo el modo de programas de asistencia o los institucionalizan como empleo dignos.
Las mil y un formas de precarización.
Los trabajadores en negro son una forma de la precarización. Como ésta, hay muchas imaginativas formas de precarización que en la última década se han profundizado. De hecho, la mayor cantidad de empleados en negro se concentra “oficialmente” en las empresas más chicas, ya que en las grandes recurren al personal contratado o tienen a sus trabajadores como monotributistas.
Desde ya otra de las formas es la desocupación, que a las clases dominantes sirve como amenaza para que la clase obrera ocupada suavice sus pretensiones. Pero estos datos no incluyen a la creciente cantidad de trabajadores que cobran una parte en blanco y otra en negro (para las estadísticas aparecen como “en blanco”). Tampoco cuenta a los empleados que no se les reconoce la relación de dependencia, con empleos regulares, y se los obliga a que facturen como monotributistas (los consideran como trabajadores “por cuenta propia”). Otra de las modalidades es la tercerización.
Tomando las diversas formas, computando las cifras sobre el total de trabajadores (ocupados y desocupados) la precarización alcanza el 52%, según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Pública. Esto no es un problema coyuntural.
¿Por casa cómo andamos?
La realidad de la precarización no está sólo en las “corporaciones”. El propio Estado es un claro ejemplo. Según los propios datos oficiales del Ministerio de Economía, los contratados en los organismos centralizados del Estado nacional aumentaron exponencialmente desde 2003 a 2012 (se refiere a ministerios de Nación, Presidencia y Jefatura de Gobierno).
Incluso, en sectores como en Presidencia, Jefatura de Gabinete, y Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo Social hay más contratados que permanentes o transitorios. La mayoría de estos son contratos de locación de servicios (los trabajadores deben inscribirse en el monotributo y facturar), pasantías y becarios universitarios que pasan por empleos, o contratos a término fijo (renovables o no cada 6 meses).
Esto se enfrenta.
El aumento de los distintos modos de precarización laboral es una necesidad de los monopolios y del Estado para profundizar la explotación laboral y descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Si bien no es un “invento” del kirchnerismo, su profundización en esta etapa es un pilar de este modelo neodesarrollista, con un discurso en el cual el empleo aumenta y supuestamente hay una “distribución de la riqueza más equitativa”.
El asesinato de Mariano Ferreyra ha sido la terrible muestra de hasta dónde han llegado. Pero también muestra que la clase obrera enfrenta. En estos procesos, miles de compañeros y compañeras vienen calando estas políticas y la complicidad de sindicalistas traidores. Así se están pariendo organizaciones combativas, con más democracia y representatividad, que sean herramientas para enfrentar estas políticas.