Un acuerdo entreguista

El gobierno de Macri avanzó en cerrar acuerdos con distintos bloques del Congreso para aprobar el pago a los fondos buitres, en cumplimiento de las directivas y sentencias del juez de Nueva York Thomas Griesa. Se proponen pagar, en efectivo y antes de las 12hs del 14 de abril, cerca de 12.000 millones de dólares reconociendo capital, intereses, punitorios, honorarios y gastos legales. Para cumplir con esto, se emitirá nueva deuda externa.

El acuerdo estipula, como Propuesta Base, pagar el total del capital reclamado por los fondos buitres más un 50% de dicho valor. Lo que redunda en una suma superior al 70% de lo definido por Griesa en su sentencia. A esto se le suma una propuesta diferenciada para fondos como NML de Paul Singer y otros a los que se les pagaría no sólo el 75% del total de la demanda por 5.891 (4.418 millones de dólares), sino además unos 235 millones por gastos legales que tuvieron los demandantes, más un interés del 2% anual sobre la cifra acordada, desde el 1° de marzo hasta el 14 de abril. Así, en este caso, redundaría en una quita de sólo el 22,5% sobre la sentencia de Griesa.

El propio gobierno reconoce en la propuesta presentada en Nueva York que estos fondos tendrán un ganancia de casi 400% sobre el valor de los bonos (sin tener en cuenta que además los adquirieron muy por debajo de su valor nominal).

El ministro Prat Gay volvió a repetir el chantaje en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado al amenazar con que si no se aprueba el pago a los buitres “estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo”. ¿Cómo llamarían entonces a los 100.000 despidos que se produjeron en lo que va de 2016? ¿Y al recorte del salario real en las paritarias frente a la inflación? ¿Y al tarifazo en los servicios públicos?

Matices

Aunque podría postergarse la votación por una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendió el levantamiento del embargo dictado por Griesa (que impedía pagarle a los bonistas y emitir deuda), el proyecto macrista avanza en diputados gracias al acuerdo con Massa y el justicialismo disidente, a lo que podrían sumar otra tanda de diputados del bloque del FpV.

En senadores Abal Medina (FpV) declaró que darían quórum para el tratamiento del acuerdo. El FpV, por su parte, presentó en diputados un proyecto de minoría que se opone tan sólo a la parte del acuerdo concerniente al fondo NML de Singer y se diferencia levemente de la Propuesta Base del macrismo, al reconocer también el pago de capital e intereses de los bonos en manos de los buitres. Esta propuesta del FPV presentada por el ex ministro Kicillof se mantiene dentro de la política de los gobiernos kirchneristas, que han pagado US$ 200.000 millones de deuda externa, los acuerdos entreguistas con el Club de París y Repsol y sobre los fallos del CIADI.

En realidad, en el marco de la economía argentina en crisis y de la gigantesca rebelión popular de diciembre del 2001 que llevó a declarar el default suspendiendo el pago de la deuda externa, los bonos argentinos fueron comprados por fondos buitres a 5 o 10 o 15 dólares por cada 100 dólares de “valor nominal”, lo que se acerca bastante al valor nulo que correspondería por una deuda ilegítima y fraudulenta, originada por la dictadura de 1976. Hoy, a 40 años de aquél golpe de Estado, tanto el macrismo como el kirchnerismo proponen no solo reestablecer el reconocimiento del valor nominal de US$ 100 sino pagar intereses sobre ese monto llegando a U$S 150 en la “Propuesta Base” de Cambiemos y U$S 140 en la “contrapropuesta” del FpV.

¿Quién gana?

Todo este acuerdo entreguista se justifica desde el macrismo en la necesidad de “volver a los mercados” para poder tomar préstamos bajo el argumento de la inversión en infraestructura, pero urgidos en realidad por el déficit fiscal. Se proponen emitir bonos por cerca de 40.000 millones de dólares en el año, que se sumarían a los U$S 250.000 millones dejados por el gobierno K. Y dar un nuevo salto de endeudamiento a gran escala, crecimiento de la deuda externa que no sólo reforzaría la dependencia nacional, sino que además, lejos evitar el “ajuste”, provocará hacia delante la justificación de nuevos recortes y ajustes presupuestarios para cumplir con los pagos de intereses de una deuda que sigue creciendo.