Desde la asunción de Milei, el sector aeronáutico se vio profundamente afectado. El gobierno provoca a los y las trabajadores con el ajuste salarial, forzando a paros y medidas de fuerza, e intentando generar una corriente de opinión favorable a la reprivatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales del rubro. Sin embargo, como todavía no logró el acuerdo parlamentario para esa nueva entrega, se ve forzado a negociar con los gremios en las condiciones actuales. Como parte del conflicto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) protagonizaron un fuerte paro el pasado 30 de octubre, con reclamos de todos sus sindicatos aunque con especial énfasis en el apoyo a los trabajadores aeronáuticos.
Aerolíneas Argentinas ya vivió una lamentable experiencia de privatización durante el gobierno de Menem en los años ‘90, cuando fue vendida a la empresa española Iberia que, a su vez, desmanteló una de las mejores aerolíneas de América Latina. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las veintiocho aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. Consecuencia de esta política, en 2001 la empresa se declaró en quiebra. Luego asumió el control otro grupo español que siguió con el vaciamiento, hasta que en 2008 fue reestatizada durante el primer gobierno de CFK.
Es por estos antecedentes nefastos que el gobierno de Milei no consigue hasta el momento apoyo parlamentario para la reprivatización de Aerolíneas. Como empresa estatal de servicios públicos, Aerolíneas no tiene como único criterio la rentabilidad empresarial, sino que debe garantizar el transporte aéreo a lo largo del amplio territorio argentino. Muchos gobernadores saben que ni bien se entregue la empresa a un consorcio privado extranjero, se cerrarán muchas rutas y varias capitales de provincia quedarán aisladas, sin conexión aérea, como ocurrió en los ‘90. A la vez, más allá de esta situación, el contexto de ofensiva antiobrera que se vive desde que asumió el nuevo gobierno impacta en las negociaciones con los sindicatos.
Es en todo este contexto que se llegó al reciente acuerdo entre Aerolíneas y tres gremios aeronáuticos: Pilotos (APLA), Personal Aeronáutico (APA) y Aeronavegantes (AAA). El acuerdo implica oficialmente un aumento salarial del 16% (aunque sorteando vericuetos sería mayor) y evitar que se dictamine un proceso preventivo de crisis que podría desencadenar el cierre de la empresa. Efectivamente, mientras la empresa sea del Estado, debe garantizar el funcionamiento y no es claro que pueda declarar tal “preventivo”. No obstante, la gestión mileista logró imponer una figura de “productividad” con una parte de aumento sujeto al cumplimiento de horas extras y otras cuestiones regresivas para el personal, como que la jornada laboral de pilotos se rija a partir de la llegada al aeropuerto y no desde subirse al remís (esto les afecta en particular cuando están en una localidad que no es su domicilio).
Los sueldos de una parte del personal seguirán muy atrasados. Según Rodrigo Borrás, prosecretario de la Asociación del Personal Aeronáutico, en Intercargo por ejemplo hay trabajadores con sueldos de 650.000 pesos. A la vez, sigue el conflicto con otros gremios del sector. Los controladores aéreos nucleados en ATEPSA anunciaron una serie de paros que podrían paralizar la circulación aérea.
