Tras casi un mes de conflicto, el martes 26 de septiembre se está realizando la movilización de los centros de estudiantes que mantuvieron más de 30 colegios tomados en rechazo al plan de reformas con que avanza el gobierno de la Ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta como parte de un plan del PRO que podría nacionalizarse.
El conflicto se agravó cuando el gobierno distribuyó por mail oficial a los directivos de los colegios un Protocolo represivo a ser aplicado frente a las tomas. Esto generó el rechazo no solo de los estudiantes, sino también de la mayoría de los padres y de los gremios docentes. Ante la posibilidad de que, en un conflicto que incluye a menores de edad, el gobierno enviara a la policía a los colegios, se multiplicaron las tomas y la decisión de numerosos padres de interponerse físicamente si el gobierno avanzaba con el procedimiento. Ante semejante respuesta y el fallo de la jueza Liberatore, que definió a las tomas como parte del derecho constitucional al reclamo, el gobierno retrocedió y negó hipócritamente haber mandado el protocolo a los directivos.
Las tomas siguieron y el miércoles 20 de septiembre fracasó la mediación convocada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad, a la que fueron convocados la ministra de Educación de la Ciudad, Sol Acuña, y los estudiantes, directivos, profesores de los colegios y padres de los alumnos. Allí el gobierno del PRO no mostró ninguna voluntad de posponer la aplicación de la reforma, que solo trascendió porque se filtraron un PowerPoint y un proyecto en proceso de edición.
La reforma solo tomó estado público gracias a la lucha de los estudiantes, que con las tomas le salieron al cruce a la inminente aplicación de la reforma ya en 2018 en diecisiete establecimientos piloto. Recién con la mediación, tras tres semanas de tomas, la ministra se comprometió a hacer público el proyecto y lo publicó al día siguiente. También presentó un plan de “debate” sobre la reforma y los hechos a consumarse, descentralizado en nueve regiones, que los estudiantes denunciaron como parte de la intransigencia del gobierno.
Como los estudiaron resolvieron seguir con las tomas ante la negativa del gobierno, entró en acción directamente el ministro de Justicia Garavano, quien esta semana criticó el fallo de la jueza Liberatore e insistió en tipificar las tomas como “usurpación”. Esto concretamente pretende ubicar la medida dentro del derecho penal, contrariando el reconocimiento de la ley y los fallos de la Corte que reconocen y tipifican los conflictos sociales como tales. Además, el delito de usurpación debe tener a la ocupación como medio con el fin de la apropiación del inmueble, cosa que no se verifica en las tomas. Así también el conflicto de los pibes ha sumado algunas páginas al Derecho Constitucional argentino.
Al cierre de esta edición se concentran los colegios frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, donde entregarán un petitorio y se levanten las tomas de todos los colegios para definir la modalidad con que continuarán la lucha.
Corresponsal
