El viernes 27 de octubre el gobierno catalán, de acuerdo al voto mayoritario en el referéndum del 1º de ese mes, declaró unilateralmente la independencia de esa región de España y proclamó a Catalunya como república independiente. Casi de inmediato el gobierno del Estado español encabezado por el conservador Mariano Rajoy puso en marcha los mecanismos del artículo 155 de la Constitución de 1978 (herencia de la “transición” apadrinada y controlada por el franquismo tras 40 años de dictadura fascista): declaró ilegal la proclamación de la independencia –como antes lo había hecho con el propio referéndum–, intervino el gobierno local, organizó elecciones regionales para el 21 de diciembre, y desató una verdadera cacería contra los funcionarios y dirigentes independentistas.
El ex vicepresidente Oriol Junqueras y siete consejeros (ministros) fueron detenidos. El presidente Carles Puigdemont y otros miembros de su gabinete huyeron a Bélgica y desde el extranjero convocaron ridículamente a la “resistencia”. Todos fueron acusados de “rebelión, sedición y malversación de fondos públicos”. Es previsible que los imperialismos de la Unión Europea, alineados con Madrid y solidarios con las herencias antidemocráticas del franquismo, dicten también orden de captura contra los fugados.
La intervención –que violó la autonomía de Catalunya, también reconocida en la Constitución–, la represión y la fuga de Puigdemont crearon una temporaria incertidumbre y parálisis en la impresionante movilización independentista. Pero el encarcelamiento de los integrantes del gobierno autonómico volvió a galvanizar los ánimos populares: decenas de miles de catalanes, convocados por las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), volvieron a ganar masivamente las calles en Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona contra el atropello a la democracia y al grito de “¡Libertad a los presos políticos!”. Cacerolazos y bocinazos atronaron el aire de ciudades y pueblos de toda Cataluña.
Las masivas protestas populares hicieron trizas la relativa calma con que Rajoy había conseguido imponer la intervención de las instituciones catalanas. Y pusieron entre paréntesis las elecciones regionales del 21/12 convocadas desde Madrid contra la voluntad mayoritariamente independentista de los catalanes y desconociendo la autonomía regional.
Las calles y las urnas
El clima político en Cataluña se complica cada vez más. A las fuerzas defensoras de la “unidad nacional” impuesta a sangre y fuego –el Partido Popular (PP) gobernante en España, los “socialistas” y el conservador Ciudadanos– se les abrió un abismo con las mayorías catalanas porque fueron cómplices de la represión oficial contra los dirigentes independentistas.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido del ex vicepresidente –ahora preso– Oriol Junqueras, es la principal fuerza electoral de la región, pero su líder pretendió en forma oportunista sacar ventaja de la violación de la autonomía catalana haciendo un vago llamado a “que el bien derrote al mal en las urnas el 21-D”. El Partit Demòcrata Català (PDeCAT), representativo de la burguesía nacionalista, tampoco cuestiona las elecciones montadas desde Madrid. Ambos partidos dominantes de la coalición independentista “Juntos por el Sí”, en lugar de convocar a la rebelión contra el avasallamiento de la autonomía catalana, se metieron de cabeza en las elecciones organizadas por Rajoy negociando presentarse con una candidatura conjunta, volviendo así al redil de la Constitución centralista del 78.
Por otro lado Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa reformista de Barcelona Ada Colau que mantuvo una posición vacilante frente al reclamo independentista, discute la formación de un frente contra la intervención del gobierno central a Cataluña y por la libertad de los presos políticos. A esa perspectiva podrían sumarse las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que hasta ahora no reconocen legitimidad a las elecciones del próximo 21 de diciembre.
Aunque muchos indicios afirman que se harán, la propia realización de las elecciones del 21-D está en juego. Y aún si tuvieran lugar –convocadas y controladas por el gobierno de Madrid–, no es seguro que de ellas no surja nuevamente un parlamento regional con mayoría independentista, con lo que la política de chantaje y represión del gobierno central podría reforzarse y el independentismo catalán podría entrar en una nueva etapa, despertando quizá también a la lucha a los otros nacionalismos españoles por ahora replegados.
El conflicto de Cataluña –como los que están latentes en vascos y gallegos– pone en evidencia dos ilegalidades contrapuestas. Las aspiraciones independentistas de la mayoría de los catalanes se contraponen a la Constitución centralista del 78; y del otro lado el Estado español, con sus prohibiciones, su represión y su intervencionismo, viola la autonomía catalana. Pero mirado históricamente, lo que está en la base del movimiento independentista no ha sido sólo el sentimiento nacionalista catalán, sino también el rechazo al nacionalismo español centralista y opresivo coronado por la Constitución franquista del 78, y que bajo el gobierno del PP en Madrid se ha tornado cada vez más autoritario, monárquico. Un PP, además, que en Catalunya representa apenas el 8% de los votos.
La clave, en la época histórica del imperialismo y la opresión nacional, sigue siendo el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero por muchas razones será complejo. Porque así como el independentismo encarnó en una gesta verdaderamente popular (ver recuadro), también los catalanes opuestos a la separación de España protagonizaron grandes manifestaciones. Porque las nuevas elecciones regionales son convocadas por el régimen centralista de Madrid cuya intervención arrasó la autonomía regional, que está decidido a no permitir que los catalanes decidan sus destinos, que no reconoció el referéndum del 1º de Octubre, y que con la complicidad de la Unión Europea mantiene detenidos a los líderes independentistas por “sedición”. Y porque una parte de la izquierda española no ve que la autodeterminación de los pueblos –y en este caso del pueblo catalán–, en unidad con las fuerzas populares de las demás regiones de España, es la punta de lanza de la lucha social y democrática en todo el país y parte integrante de la lucha contra las oligarquías monarquistas y por la recuperación de la república española.
La independencia, una gesta popular
El referéndum independentista del 1º de Octubre, más allá de las fuerzas burguesas que dirigían el gobierno regional ahora intervenido, mostró la honda raigambre popular del reclamo por hacer de Catalunya una república independiente.
Ante las amenazas y advertencias de las fuerzas represivas y del gobierno de Madrid, buena parte de la urnas fueron escondidas y distribuidas en forma clandestina. En muchos casos ante la llegada de la policía se las mantuvo a resguardo en colegios, iglesias y hasta cementerios.
Cuando se produjeron algunos allanamientos después de realizada la votación se engañó a la policía entregándole urnas falsas sin votos. Pobladores de zonas rurales cortaron las rutas con tractores o cambiaron los carteles indicadores, para impedir a las fuerzas represivas llegar a los pueblos.
