Desde el inicio de las operaciones militares de Israel sobre Gaza, tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, alrededor de 30 mil palestinos y palestinas fueron asesinados y cerca de 70 mil resultaron heridos. Casi el 85% de los palestinos residentes en ese territorio sufrieron algún tipo de desplazamiento de sus hogares y un 60% de la infraestructura civil básica de la Franja de Gaza fue destruida: agua, electricidad, gas, hospitales, escuelas, etc. Por todo esto, países y líderes de todo el mundo denuncian las acciones del estado israelí como genocidas. Sudáfrica denunció al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya por “conductas genocidas” sobre Palestina. Presidentes latinoamericanos como Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia también denunciaron el genocidio sobre Palestina. Y organizaciones de derechos humanos y ONG’s presentaron más acciones ante la CIJ, incluso solicitando una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes.
Si bien no se pronunció aún sobre la cuestión de fondo, la CIJ emitió –a partir de la denuncia sudafricana– un fallo ordenando seis medidas provisionales. Entre ellas se pide a Israel: abstenerse de cometer actos previstos en la Convención sobre el Genocidio, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y tomar de inmediato medidas para garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil de Gaza.
En el derecho internacional, el genocidio es definido como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La “intención de eliminar” es el principal rasgo del genocidio. En este sentido, según las ONG’s denunciantes en La Haya, “constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos genocidio e incitación al genocidio”: los ataques aéreos contra zonas civiles densamente pobladas –que han caído sobre viviendas, hospitales, escuelas, ambulancias, campos de refugiados y medios de comunicación, asesinando a miles de niños, así como a personal médico, periodistas y trabajadores humanitarios–; el asedio asfixiante impuesto al territorio; las órdenes de desalojo de Israel a los habitantes en Gaza, consideradas un “traslado forzoso”; el uso de gases tóxicos; y el bloqueo a alimentos, agua, combustible y electricidad. Incluso, se han conocido videos de la masacre de más de cien palestinos cuando el ejército israelí disparó sobre una masa de personas que se reunía para recibir ayuda alimentaria. Ya en su campaña electoral de 2015, el actual primer ministro israelí Netanyahu planteó la dicotomía “Ellos o nosotros”, como si la supervivencia de Israel dependiera de la destrucción de Palestina.
Parte de la política genocida, junto con la masacre militar, tiene que ver con la deshumanización de la población atacada. Diversos políticos israelíes se han referido a los palestinos como “animales”, como las declaraciones del ministro de Defensa Yoav Gallant: “Estamos poniendo un asedio total a Gaza. No hay electricidad, ni alimentos, ni agua, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia”. El historiador israelí Yuval Harari expresó con preocupación hace algunos años un desplazamiento en el sentido común de la población israelí desde el acuerdo con la solución de dos estados (uno israelí y otro palestino) a la idea de un sólo estado basado en un apartheid de hecho: con ciudadanos de primera (la población judía), de segunda (la población árabe en general) y de tercera (los palestinos). Estas ideas han ganado terreno dentro de la población israelí, especialmente luego del asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995, que había impulsado la paz de Oslo con una solución de dos estados.
No obstante, según su presentación a la CIJ frente a la denuncia sudafricana, el Estado de Israel no acepta la acusación de genocidio: señala que actúa “en legítima defensa ante los terroristas de Hamas”, que sus incursiones buscan desarticular a Hamas y recuperar a los prisioneros israelíes, y hasta le echa la culpa a Hamas por los muertos en la Franja de Gaza. No obstante, las acciones de su ejército, lejos de buscar un alto al fuego que permita mitigar la situación humanitaria, se apresta a invadir la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, lo que podría provocar una verdadera catástrofe humanitaria. En Rafah se encuentran cientos de miles de palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, y que ya que no tendrían lugar a dónde desplazarse dentro del territorio. En protesta por este ataque inminente, los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina con sede en Cisjordania (el otro territorio de población palestina) presentaron su renuncia y pidieron un inmediato cese del fuego para terminar con el genocidio.
Cifras del genocidio
Una comparación posible para dimensionar las cifras de la masacre en Palestina es cotejarlas con el genocidio que sufrió la Argentina en la dictadura. Aquí tuvimos 30.000 desaparecidos, concentrados en su mayoría en los primeros tres años del “Proceso” (1976-1978). Ahora, en Palestina, se alcanza igual número de muertos en sólo cinco meses. Y, si se tiene en cuenta que la población actual de la Franja de Gaza es de 2 millones de habitantes frente a los 28 millones que tenía Argentina en 1980, la proporción es 14 veces mayor en relación a su número de habitantes.
