El gobierno oligárquico, corrupto y golpista de Michel Temer primero hundió aún más al país en una tremenda crisis económica y después armó todo el escenario jurídico y represivo para descargarla sin piedad sobre los trabajadores. Con las diferencias del caso, es el espejo en el que podemos mirar los objetivos de la «reforma laboral» que ya prepara el macrismo en la Argentina para después de las elecciones de octubre. Los preceptos esclavistas de la reforma laboral brasileña y macrista ya los conocimos en la Argentina con el menemismo bajo el nombre de «contratos basura».
La semana anterior, la mayoría del Senado dio la media sanción faltante (ya había sido aprobada en Diputados) a la reforma laboral antiobrera, antisindical, hambreadora, esclavista y favorable a las empresas en general y a los monopolios brasileños e imperialistas en particular.
La nueva ley antiobrera establece nuevos tipos de «contrato de trabajo», como el “trabajo intermitente” (o sea a destajo: por jornada o por hora), y el «teletrabajo» (cuando el empleado trabaja en su casa).
Se elimina la jornada de trabajo de 8 horas: la misma podrá ser de hasta 12 horas “si así lo convienen” la patronal y el trabajador, aunque los contratos colectivos de trabajo estipulen algo distinto. Es decir se establece el principio de prevalencia de lo negociado sobre lo legislado: la negociación directa entre el empleado individual y la patronal desplaza a las leyes laborales. Así los sindicatos quedan completamente debilitados en las negociaciones frente a las patronales y al Estado. Y más aún porque además, con el argumento de la apropiación de las «cajas» sindicales por los burócratas propatronales, se establece el fin de la contribución sindical obligatoria. La rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa tampoco requerirá el consentimiento del sindicato.
Al aumentar la jornada de trabajo prácticamente desaparecen las horas extras y, con ello, su equivalente en remuneración. Se reduce el horario de comida, de una hora a media hora. Los gastos de transporte son puestos a cargo del trabajador. Las vacaciones podrán ser parceladas en tres partes, según la conveniencia de la patronal. En la práctica se disminuye el salario global.
Con el mismo argumento repugnante de Macri sobre las «mafias» que supuestamente benefician a los obreros con la «industria del juicio», la Justicia Laboral ahora deja de ser gratuita: el trabajador despedido tendrá que pagar todos los gastos y honorarios para entablar un juicio laboral.
La empresa podrá despedir a los trabajadores sin indemnización y volver a contratar a otros con salarios y beneficios menores. Igual que en la Argentina y por lo que se conoce de PepsiCo, la recontratación a la baja es uno de los principales objetivos de los empresarios nacionales y extranjeros para recomponer la tasa de ganancia a costa de los obreros.
Se generaliza el trabajo «por tiempo determinado» (o sea temporario), liquidando todo rastro de trabajo permanente y haciendo inoperante la necesidad de la patronal de despedir al trabajador y por lo tanto de indemnizarlo.
Se legaliza la tercerización (es decir la contratación por empresas «independientes» de aquélla en la que trabaja el obrero o empleado). De este modo, las empresas contratantes no tendrán ninguna obligación de indemnizar al trabajador si este es despedido. Obviamente, como ya conocimos en la Argentina, muchas empresas y dirigencias sindicales cómplices pondrán sus propias «tercerizadas» para barrer las conquistas sociales y explotar sin límites legales a la clase obrera. Por ejemplo, la empresa podrá despedir trabajadores permanentes y con alguna antigüedad para contratar obreros tercerizados con salarios más bajos, sin contrato permanente y sin derechos.
La superexplotación patronal consagrada por Temer y sus cómplices en el Estado y en el Parlamento no se detiene ni ante las trabajadoras embarazadas o con bebés: el médico y el patrón de la empresa determinarán el lugar de trabajo y las condiciones de trabajo sin tener en cuenta la condición de la mujer. Es decir, se legaliza que gestantes y madres lactantes puedan trabajar en locales insalubres.
Empieza la resistencia
Aunque es cierto que, al compás de la crisis económica brasileña y mundial, el ajuste fiscal y laboral empezó a descargarlo sobre los trabajadores el gobierno «petista» de Dilma, la reforma brasileña profundiza brutalmente el hachazo a los derechos y garantías consagradas en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) vigente en Brasil desde hace más de 70 años.
Por eso el mismo martes 11 de la sanción por el Senado trabajadores y trabajadoras de todo el país se movilizaron convocados por las organizaciones sindicales y los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo contra la aprobación del proyecto, con vigilias y manifestaciones callejeras en diversas ciudades brasileñas.
Los partidos de oposición parlamentaria protestaron tibiamente, pero no abandonaron sus bancas: señal inequívoca de que la corrupción tanto material como ideológica es patrimonio de prácticamente todas las fuerzas, que hacen causa común encubriéndose mutuamente para no ir presos si cambia la mano… Y siguen actuando en común al reconocer a Temer como presidente, pese a que hace apenas un mes fue filmado avalando la coima a un ex ministro preso para que no hable.
