La “democracia” brasileña sigue, impertérrita a través de la profunda crisis económica y política, su marcha de descomposición y podredumbre. El presidente golpista Michel Temer sigue haciendo piruetas para esquivar la denuncia de la Procuraduría General por “intento de obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita”. La denuncia se originó en la grabación de una conversación telefónica de Temer en marzo con el dueño de la cadena frigorífica JBS, donde el presidente alentaba al empresario a que coimeara en la cárcel al detenido ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para que no diga todo lo que sabe sobre los chanchullos del propio presidente. Cunha, de la misma fuerza que Temer -el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), antes aliado al PT de “Lula” y Dilma Rousseff- fue el máximo impulsor del juicio político inventado contra su ex aliada Dilma y que posibilitó la trepada de Temer al sillón presidencial.
Temer contraatacó alegando que la denuncia se debía a que su gobierno “acabó con los privilegios” que tenían algunas empresas “que crecían a la sombra de los ilícitos y del dinero público”. En Brasil es público y notorio que el propio Temer y sus compinches son socios o protegidos de esas empresas, y que engordaron sus bolsillos recibiendo de ellas millones de dólares a cambio de contratos “ilícitos” del estado pagados con el “dinero público”.
Entretanto, en sus piruetas de equilibrista y al no haber sido volteado por el repudio popular, Temer fue recomponiendo posiciones. La Justicia brasileña -tan elogiada como “independiente” por la prensa oligárquica en la Argentina- le dio una gran mano para que no fuera destituido, al absolverlo -junto con su ex cabeza de fórmula, Dilma Rousseff-en el juicio electoral por corrupción (léase otra vez: coimas) en el financiamiento de la campaña presidencial de 2014, y a raíz de la cual saltó la llamada “Operación Lava Jato”, que reveló que de las empresas estatales salieron también millones de dólares durante la campaña para las cajas del PT y el PMDB, los partidos de la fórmula presidencial. El diario O Estado de Sao Paulo informó, en base a las planillas entregadas por los hermanos Batista dueños de JBS a la justicia, que en aquellas elecciones 28 senadores electos (35% del total), y 166 diputados (32%) recibieron dinero de JBS para sus campañas.
El otro escollo que Temer pudo sortear es el del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal aliado del PMDB, que después de haber tomado prudente distancia cuando Temer parecía acabado decidió permanecer por ahora en el gobierno, donde ocupa posiciones claves como gobernadores, senadores y cuatro ministerios (Secretaría de Gobierno, Relaciones Exteriores, Ciudades, y Derechos Humanos). La bancada del PSDB sería clave para bloquear en el Congreso la destitución de Temer si la Procuraduría avanzara esta semana en su denuncia. Para lograrlo, Temer chantajea a los muy comprables líderes del PSDB con que, si no lo apoyan, en las elecciones de octubre de 2018 la bancada peemedebista no apoyará al eventual candidato del PSDB. Todos amigos y cómplices; o como cantó Discépolo, “en el mismo lodo, todos manoseaos”.
Por las dudas, y para que no falte nada, Temer chantajeó también a los gobernadores de los estados brasileños pidiéndoles que sostengan al Ejecutivo a cambio de refinanciar las deudas de sus gobernaciones con el gobierno federal. Al menos siete estados están financieramente asfixiados, al punto de que dos de los más importantes -Río de Janeiro y Minas Gerais- decretaron el año pasado el estado de emergencia exigiendo apoyo del gobierno federal para poder pagar los salarios a empleados públicos, médicos, policías y maestros.
“Continuidad jurídica” y pacto de “gobernabilidad”
A contramano del reclamo de las grandes movilizaciones populares que se prolongaron durante meses en todo el país con la consigna “Fuera Temer!” y “Elecciones directas ya!”, el penoso cuadro de la anti-democracia brasileña se completa con el virtual “pacto de gobernabilidad” que, según informó Folha de Sao Paulo, habrían sellado los tres “caciques” políticos del Brasil: el ex presidente socialdemócrata y ultraliberal Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula da Silva (PT) y el también ex presidente José Sarney (PMDB). El vocero público del acuerdo, el peemedebista Renan Calheiros, propuso que se formase una comisión de senadores para convencer a Temer de que renuncie para posibilitar un “acuerdo amplio” e ir después no a elecciones directas, limpias y democráticas -como podría esperarse- sino a “una transición negociada y rápida: elijamos un presidente y un vicepresidente garantizando elecciones directas en 2018, con asamblea nacional constituyente”.
Pero ni siquiera esta “salida condicionada” tiene perspectivas claras. Las dirigencias partidarias -casi todas convertidas en representaciones de grupos terratenientes y de burguesía industrial, comercial y financiera asociadas a distintos imperialismos-, disputan sobre el modo que tendrá esa “salida”, sobre todo si el futuro presidente se designará por vía indirecta, es decir en el Parlamento como establece la constitución vigente, o lo será en elecciones directas, que es lo que abrumadoramente reclaman los sectores populares pero que requeriría una reforma constitucional. Y al igual que Temer, todos temen que en cualquier consulta popular se desborde el enorme repudio que han cosechado y se manifieste el “Que se vayan todos!” que ya se volcó masivamente en las calles.
Mientras tanto Temer, sabedor de que toda la dirigencia política y parlamentaria está enchastrada en el mismo barro -desde la que lo apoya hasta la que quiere abandonar su barco y la que pretende reemplazarlo manteniendo la “continuidad institucional”-, ya adelantó: “No renunciaré. Si quieren, que me derriben”.
