El gobierno empezó el 2024 recortando los fondos estatales para cubrir los compromisos de pago a generadores eléctricos, transportistas y productores de combustible para generación eléctrica. La deuda del sistema eléctrico actualmente asciende a 400 mil millones de pesos, que en verdad es parte de mostrar un “exitoso” superávit fiscal durante los primeros meses de gobierno. Esto constituye un desfinanciamiento del mercado eléctrico y presiona para lograr un rápido aumento de tarifas.
Al mismo tiempo, el gobierno está desmantelando un sector de la empresa CAMMESA: administradora del mercado eléctrico controlada por la Secretaría de Energía que se ocupa de la compra centralizada del combustible (gas natural, fueloil, gasoil y carbón) necesario para generar energía eléctrica. El 50% de la energía de 2023 fue de origen térmico.
Comprar el combustible de manera centralizada, para luego proveerle el mismo a los generadores térmicos, resulta en un precio final de la energía más bajo. De otra manera, cada generador térmico tendría que volver a la operatoria previa a 2013 (más parecido al de los 90’s) donde negociaba individualmente con las petroleras para conseguir su propio combustible.
Algunos generadores, cuyos dueños son también petroleras, van a tener mayores facilidades para lograr un buen precio por su energía. Pero los generadores que no están asociados a petroleras probablemente tengan menos ventajas para obtener el combustible. Por lo tanto, es esperable que los costos promedios de generación sean mayores, los cuales ya se pretende transferir a los usuarios. Así, lo que promueve esta política es que se monopolice aún más el mercado eléctrico y una nueva transferencia de recursos desde los usuarios a los monopolios.
