En un espectáculo que ya se está haciendo habitual, un gran operativo de la Policía y la Gendarmería apareció rodeando una fábrica. Ahora se trata de Cresta Roja, la avícola de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, donde las fuerzas represivas fueron enviadas por el gobierno para impedir la entrada de los trabajadores. Mientras tanto, la empresa cerraba sus puertas en un look out patronal que viola la conciliación obligatoria dictada. Era la madrugada del lunes 25.
Días antes, el jueves 20 los trabajadores de Cresta Roja se enteraron de que la empresa había realizado 50 nuevos despidos. Muchos de éstos son delegados de sector, que se pusieron al frente de la organización tras la destitución de la Comisión Interna por haber hecho un acuerdo con la empresa sin consultar a las bases y oponerse a realizar medidas de lucha. Encontraron una lista pegada en el portón de ingreso, y en la puerta les dieron una copia del telegrama y un teléfono para negociar la indemnización. Todo parecido con AGR y Pepsico no es casualidad.
Inmediatamente se realizó un paro, asambleas y un corte de la autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas, con que consiguieron que se acercaran representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia. También se hicieron presentes una delegación de obreros de Pepsico e integrantes del consejo directivo de la Federación de la Alimentación (FTIA), a los que los trabajadores exigieron un paro.
El viernes pararon las dos plantas, de Esteban Echeverría y Ezeiza, y realizaron nuevos cortes de la autopista, al tiempo que llegaban 100 nuevos telegramas de despido. En una reunión en el Ministerio de Trabajo nacional se firmó una conciliación obligatoria para que se reabra la planta, pero sin reincorporar a los 50 despedidos, lo que fue rechazado en asamblea.
El domingo a la noche, ante el rumor de que la patronal realizaría un lock-out, los trabajadores decidieron acampar frente a la planta, y pudieron ver cómo en plena noche, a las 3 de la mañana, llegaba la Gendarmería. Finalmente, el rumor se confirmó, y la empresa, protegida por la Gendarmería, incumplió la conciliación firmada horas antes.
Los trabajadores denuncian que el consorcio Proteinsa –liderado por Ovoprot–, que se hizo cargo de la empresa tras la quiebra de Rasic, no había terminado de reincorporar a los despedidos de fines del 2015, y que no había pagado más que migajas de las indemnizaciones, incluso descontándoles la plata que habían cobrado por los Repro de $4.000 y $6.000 pesos durante el período en que las plantas estuvieron cerradas. El mismo día de los 50 nuevos despidos vencía el plazo para pagar las indemnizaciones.
El año pasado, cuando la empresa reabrió con un tercio de la antigua plantilla y un recorte del 30% en los salarios, Macri y Vidal habían hecho un acto en la empresa donde presentaron a Cresta Roja como un emblema de la recuperación del país. No extraña que también Cresta Roja haya sido el lugar donde Macri anunció su veto a la Ley Antidespidos. Con la “recuperación” macrista, hoy peligran 1.800 puestos de trabajo en Cresta Roja.
