Si el Estado nacional no apostaba al salvataje de IMPSA, esta enorme empresa iba al quiebre y desguace. No sólo se hubieran perdido numerosos puestos de trabajo, sino que la Nación se hacía más dependiente de la tecnología extranjera en rubros que Argentina hoy domina y puede seguir desarrollando. No es menor dado que nuestro país tiene un alto potencial en energía hidroeléctrica, eólica y nuclear.
No había otra forma de dar respuesta al problema que estaba planteado. Sólo el Estado tiene capital suficiente y tuvo la decisión para hacer este tipo de inversiones a largo plazo tan fundamentales para nuestra producción nacional y soberanía. No hay forma de que una cooperativa o pyme en un país dependiente como el nuestro pueda competir en igualdad de condiciones con los monopolios que hoy dominan el mercado. Por otra parte, las grandes empresas agrupadas en la Unión Industrial Argentina (UIA) han optado por hacer silencio ante esta gran decisión soberana; y concentrarse en reclamarle al gobierno que permita suspender y despedir trabajadores, liberalizar plenamente las exportaciones y desregular los precios internos. Las medidas que propone la IUA pueden beneficiar a algunas empresas particulares, pero visto de conjunto y a largo plazo perjudican no sólo al pueblo sino también al desarrollo nacional.
Por todo esto, esta estatización lograda muestra una política correcta que va desandando las nefastas privatizaciones de los 90’s y reafirma la justeza de un estado involucrado en la producción nacional. Esto abre otro interrogante, que es cómo administrar estas empresas del Estado. Para lo cual promovemos el control por parte de sus trabajadores, en la perspectiva de la liberación nacional y social.
