En la audiencia pública el ministro Aranguren afirmó que aumentará el gas residencial «gradualmente y previsiblemente» en un 203% en pesos para octubre de este año y en un 425% en dólares para octubre de 2019. Traducido esto último en pesos, significaría para ese año un aumento del 740% si consideramos la devaluación ya anunciada en el presupuesto 2017 (que seguramente será mayor, aunque también habrá que considerar el salario real tras futuras paritarias). De paso, el gobierno reafirmó la dolarización de la tarifa energética.
El argumento de semejante tarifazo –cuya «previsibilidad» no hace más que preanunciar nuevas movilizaciones– es que se debería pagar a las petroleras el precio de «mercado» del gas en boca de pozo, considerando como si fuera el que correspondería al precio del gas natural licuado que se importa por barco. Según la diapositiva Nº23 de la presentación del shellista Juan José Aranguren, este precio se ubica en 6,78 dólares por millón de BTU (cada millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos de gas). El valor del gas que se paga hoy en los hogares no supera los 1,52 dólares por millón de BTU (que representa el 65% de la tarifa final ya que debe sumarse el transporte y la distribución). De este modo, el aumento para octubre de 2019 alcanza el 425% en dólares. En el caso de la Patagonia y otras zonas con precios especiales, el aumento se completaría en 2022 representando ¡un aumento del 4100% en dólares!
¿»Más justo»?
Esta tarifa supera ampliamente la tarifa de gas en otros países productores de gas como Canadá –donde el valor del gas a boca de pozo es de 2,0 dólares por MMBTU– o Estados Unidos –dónde sale 2,1 dólares por MMBTU– (estos también son precios «internacionales» de referencia, pero que el gobierno prefiere ocultar). En Canadá la tarifa de gas (sumando además transporte y distribución) representa en promedio un 2,5% del salario (datos de Fundación Bariloche). En nuestro país, las tarifas a las que quiere llegar el gobierno superan ampliamente el 10% del salario.
Si Argentina produce gas y puede recuperar su autoabastecimiento, ¿por qué deberíamos pagar el precio de importación como si todo el gas fuera importado? Evidentemente, el corazón de Aranguren sigue con la Shell, que vende a Chile el gas natural licuado (GNL) que luego nos vende a 7,09 dólares (dicho sea de paso: el gas más caro que pagaremos en 2016, según constató el propio ministro en su diapositiva Nº17).
Incluso, el propio informe presentado por el ministro ese mismo día calcula en 5,22 dólares por MMBTU al precio promedio del gas y gasoil que se pagará este año. Y el precio promedio baja a 4,45 dólares si sólo se considera el gas (el gasoil se utiliza en industria y usinas para reemplazar la falta de gas). Por otro lado, este promedio incluye el precio incentivo a la llamada «Producción Incremental» (en nuevos pozos) de 7,33 dólares por MMBTU. Si quedara a cargo del Estado nacional este incentivo a la producción, el precio promedio del gas a boca de pozo sería de 3,15 dólares. Esto propone por ejemplo el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), que curiosamente fue excluido de la audiencia pública.
Pero además, el costo de producción de gas convencional ya descubiertos en boca de pozo no supera los 2 dólares por MMBTU. Esto indican tanto la Fundación Bariloche como el IESO. ¿Por qué pagar 6,78 algo que cuesta tres veces menos?
Aranguren se ha negado reiteradamente en dar alguna información sobre el costo del gas en boca de pozo. En cambio cerró su locución asegurando intenciones de un «suministro energético más justo». Pero su cifra de 6,78 dólares por millón de BTU es caprichosa, arbitraria… e interesada.
Subsidios…
Todo para eliminar los subsidios, dice. Pero, en realidad, no se eliminan sino que ahora los usuarios vamos a pasar a sostener en nuestras boletas el precio subsidiado para los monopolios gasíferos de 6,78 dólares por MMBTU aun cuando el costo en boca de pozo convencional no supera los 2 dólares. En el diario Ámbito Financiero salió publicado un artículo que calcula en 3700 millones dólares al año el sobreprecio anual para beneficio de las petroleras que estaremos pagando todos (considera que hay un exceso de 2,3 dólares por millón de BTU porque considera un valor pormedio de 4,4 dólares, sin contar al gas oil en el cálculo). Se evidencia así los intereses que defiende este ministro sostenido por el presidente.
Esta tremenda transferencia de recursos no sólo afecta a los usuarios residenciales, sino también a la industria y los comercios. ¿Qué desarrollo industrial puede haber con una energía tan cara?
¿»Cuidado ambiental»?
Otra dosis de su cinismo es argumentar el tarifazo como una forma de cuidar el medio ambiente. Insiste en que consumimos un 60% más per cápita que nuestros vecinos. Es decir: el pueblo sería culpable de la crisis energética debido a su derroche energético.
Pero según la propia presentación oficial sólo el 25% del consumo corresponde al residencial (diapositiva Nº16). O sea, aunque ningún hogar prenda más su estufa o su horno, igual seguiríamos consumiendo más gas que nuestros países vecinos. ¿Habrá que cerrar fábricas además?
En realidad, según el IESO, el consumo promedio por hogar actual sigue siendo el mismo que en 2000, que ronda los mil metros cúbicos al año. Y si de comparaciones se trata, debe analizarse el consumo en países y zonas que tengan necesidades de calefacción semejantes a la nuestra (como es el caso de Canadá, por ejemplo). Por otro lado, ¿por qué el gobierno no empieza por cuidar el medio ambiente en San Juan, donde acaba de producirse otro derrame de solución cianurada?
Inversiones…
Aun pagando estas cifras siderales, nada asegura que a los monopolios petroleros les interese invertir en Argentina. Porque sus inversiones no dependen de los intereses nacionales ni de los deseos de un presidente, sino de si les es más rentable o no invertir en cualquier otro lugar del planeta. Quizás por esto el ministro no hizo ninguna estimación sobre cuánto aumentaría la producción local (sino que más bien hizo un plan para importar gas «sin subsidios»).
Más aún en un país dependiente como el nuestro, la única garantía de desarrollo energético sustentable es con una política de Estado soberana, que planifique el aumento de producción con tarifas que contemplen las necesidades populares y nacionales. Naturalmente que para esto es necesario re-estatizar los servicios y la producción hidrocarburífera, con control de los trabajadores y el pueblo. El ocultamiento sobre los costos de producción, los acuerdos secretos que se mantienen con Chevron y el tarifazo PRO claramente sirven para adecuar la política energética del país a las necesidades de los monopolios petroleros. Esta política entreguista no sólo la sufrimos en cada hogar sino que es también una traba para nuestro desarrollo productivo. Por eso, así como nos movilizamos el 16, las organizaciones populares seguiremos en la calle.
