Un ex funcionario reveló en su testimonio ante el tribunal que fue presionado por funcionarios de la gobernadora Fabiana Ríos para inculpar particularmente al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y CTA Autónoma, Horacio Catena. Todo eso ante la mirada desconcertada del fiscal y el juez.
Por otro lado, también declararon la gobernadora Fabiana Ríos y otros funcionarios, que sí se mantuvieron en el libreto oficial de acusar a los trabajadores, mientras cínicamente recurrieron al “no me acuerdo” ante cada pregunta que no estuviera en ese libreto. También los policías que declararon inculparon a los docentes y camioneros, aunque evidenciaron claras contradicciones entre sus dichos y las pruebas presentadas por la fiscalía.
El escándalo es inocultable. La defensa de los trabajadores ya presentó una denuncia por falso testimonio contra tres policías y un funcionario. También, en virtud de las nuevas evidencias, se va a insistir con la nulidad del proceso judicial. Aun así, al cierre de esta edición el juez continuaba con el procedimiento y mantenía su intención de leer la sentencia el 3 de diciembre, si no se logra frenar con la movilización y los recursos presentados.
Declaraciones inducidas
Según analizó SUTEF, el ex funcionario Diego Boxer “sorprendió a todos cuando declaró que un funcionario de Gobierno le envió un mail para inducir su declaración en el juicio”. Boxer era secretario de Asuntos Registrales en mayo de 2013, cuando se produjo el conflicto que derivó en la causa judicial. El ex funcionario renunció en los meses posteriores, por lo que pasaron más de dos años sin contacto con el gobierno provincial.
Boxer contó que un funcionario del gobierno lo invitó a tomar un café en Casa de Gobierno y lo llevaron a declarar en un móvil policial. Se trata de Sergio Giadás, secretario de Coordinación de Gabinete del Gobierno fueguino. Precisó además que la principal intención del gobierno provincial era incriminar a Catena. En cambio, declaró que nunca vio a Catena ingresar de forma violenta y con palos.
Dijo que se siente el “pato de la boda” y que este funcionario le envió el mail para que “refresque” su memoria. Entonces puso a disposición de la Justicia los mails y una copia de declaraciones anteriores. Mostró luego la cadena de mails que recibió. Allí están también los nombres de otros funcionarios o ex funcionarios que también recibieron esos correos y fueron citados para recibir instrucciones para sus declaraciones: Daniel Ravaglia, Guillermo Aramburu, Daniel Facio, Claudio Blanco, Daniel Leguizamón y Gianfranco Guardamagna.
El juez, aun así, fijó para el lunes, martes y miércoles, los alegatos. Un juicio que sigue, a pesar de todas las irregularidades. Pero se ha puesto en tela de juicio a todos los testigos que se habían presentado para acusar a los trabajadores y el lunes 23, en paralelo a la lectura de alegatos, declaraban tres testigos por la acusación contra Giadás por inducir testimonios.
“No me acuerdo”
—¿Usted sabía qué estaban solicitando los docentes en la puerta de la Casa de Gobierno?
—No, porque siempre solicitan… cosas diferentes o en general y a veces una sola, que es hablar conmigo.
—¿No sabía si los docentes querían hablar con usted o no? ¿Nadie le transmitió ese pedido?
—A veces te lo transmiten, a veces no.
—¿Y ese día puntual?
—Ese día no. Creo que Jefatura de Gabinete se estaba ocupando.
Con este cinismo respondió la gobernadora Fabiana Ríos a las preguntas de uno de los abogados defensores, que apuntaban a mostrar que en 2013 simplemente hubo un reclamo salarial y una respuesta provocadora del gobierno. Tal es así que la gobernadora manifestó “no acordarse” cuánto fue la oferta inicial y el aumento acordado con el SUTEF.
Ese año el gobierno provincial había ofrecido un 8% de aumento a los docentes y, tras la movilización y permanencia en Casa de Gobierno se terminó conquistando un 45% de aumento. Entonces, el revanchismo de Fabiana Ríos es evidente y prefiere olvidar que los docentes demostraron tener razón en su reclamo.
Sin embargo, a partir de un video filmado desde su despacho, Ríos debió reconocer que estaba en Casa de Gobierno, vio lo que sucedía y aun así no recibió a los docentes. Dijo haber delegado el tema en el jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, aunque volvió a reconocer que manejó mal el conflicto y “se le fue de las manos”. Esto lo había admitido en 2013, en la reunión de negociación con los docentes que fue televisada en vivo desde la Casa de Gobierno y con la cual se llegó a un acuerdo y se resolvió el conflicto.
Ríos tampoco sabía, según dijo, quién estaba a cargo del operativo policial. El detalle no es ingenuo, ya que la acusación, reafirmada luego por el entonces Secretario de Gobierno, Daniel Ravaglia, que los manifestantes habían ingresado al edificio por medios violentos. Pero en realidad, los hechos ocurrieron de forma diferente: el personal policial a cargo del operativo gestionó el ingreso de doce sindicalistas para una reunión, permitiendo el ingreso de los mismos.
Por su parte, el ex funcionario Aramburu, jefe de Gabinete al momento de los hechos y citado por Ríos, no recuerda la reunión mantenida con legisladores que intentaron mediar en el conflicto. Tampoco recuerda quien autorizó el ingreso a Casa de Gobierno a los manifestantes, siendo él quien estaba a cargo de la situación según la declaración de la gobernadora Ríos.
“Me dijeron…”
Quien dio inicio al proceso judicial que hoy juzga a 33 trabajadores debió admitir que no estaba en el lugar en el momento de los hechos. El entonces ministro de Gobierno, Zanone, estaba en Río Grande y contó que al llegar ya todo había ocurrido hacía horas. A las tres horas de llegar, radicó la denuncia –según afirmó– por orden de la Gobernadora. ¡Tampoco recordaba quién era el jefe del operativo! ¡Ni quiénes fueron los que le informaron lo ocurrido para realizar la denuncia!
Falso testimonio
Declararon también cinco oficiales. Todos atestiguaron haber sido lesionados por los manifestantes. Una oficial contó que recibió un piedrazo en la frente pero que fue un daño leve. Ante la pregunta del fiscal, la mujer policía respondió que no fue un “traumatismo de cráneo”, contradiciendo la presentación del fiscal. Pero entonces el juez Zavalía, ratificando su no imparcialidad, salió a socorrer al fiscal y explicó que había un certificado médico presentado.
Una agente manifestó que estuvo inhabilitada para trabajar durante un mes debido a un desgarro en el brazo. El certificado que figura en la causa dice que sufrió una contusión que debía colocarse hielo y permanecer en reposo durante 24 horas.
Otro oficial se contradijo significativamente con el video de prueba: mencionó que lo habían tirado al piso y que había sido golpeado brutalmente, cuando en el video se ve que se cae y que un docente lo ayuda a levantarse.
“La declaración del jefe de servicios especiales Braznovich Mariano mostró la peor cara de la policía”, afirma SUTEF. Reconoció haber apuntado a pocos metros de los manifestantes con un arma. Explicó que era una técnica “para disuadir psicológicamente a los trabajadores”. “El colmo fue cuando se le leyó el certificado médico en el que constaba que la lesión sufrida había sido en la mano izquierda siendo que él había declarado que Catena lo había agredido en la mano derecha”, publicó SUTEF.
Tras tantas contradicciones, el SUTEF junto a otras organizaciones gremiales se movilizaron el jueves 19 hacia el Juzgado y presentaron una denuncia por falso testimonio. La acusación está dirigida hacia tres agentes de policías: Marín Levin, Alfonzo, Paredes Mayorga y el ex funcionario Guillermo Aramburu. La denuncia realizada se basa en las contradicciones que surgen de lo expresado por los agentes policiales en declaración bajo juramento y las pruebas que ofrece la defensa que evidencian la intencionalidad de incriminar con su testimonio al Secretario General Horacio Catena.
Las irregularidades señaladas constituyen en delitos y el falso testimonio puede ser penado con prisión. SUTEF analiza que “las pruebas muestran que aquí no se está buscando justicia o el conocimiento de la verdad. Al contrario, se están buscando elementos que, fuera de todo parámetro jurídico, busquen una condena política sobre un dirigente gremial”.
El día lunes 23 de noviembre comenzaban los alegatos y, por lo resuelto en Congreso Provincial de Delegados, SUTEF convocaba a paro hasta que finalicen los mismos. También se ha convocado en Buenos Aires para el 3 de diciembre, día que sería leída la sentencia, una Marcha Nacional Educativa contra el ajuste y por la absolución de los 33 trabajadores. La pulseada está abierta y sin lugar a dudas muestra, por un lado, un salto en la criminalización de la protesta por parte de los gobiernos provinciales y nacional; y por otro, que los trabajadores y el pueblo no nos resignamos.