El Poder Judicial pasó a ser en las últimas semanas un terreno agitado en la disputa por la hegemonía política en el Estado argentino. Denuncias, causas, indagatorias, testimoniales, imputaciones, procesamientos. Macristas y kirchneristas operan sobre los tribunales, los grandes medios juegan lo suyo, jueces y fiscales mueven el tablero y muchos tienen que rendir cuentas.
En la llamada causa del dólar futuro fueron citados por el juez Bonadío a declaración indagatoria la propia Cristina Kirchner, su ex ministro Kicillof y el ex presidente del BCRA Vanoli para responder por las pérdidas millonarias ocasionadas al Estado nacional como consecuencia de una timba especulativa con la venta de “dólar futuro” a $10,50 que meses más tarde el Banco Central tuvo que saldar a $15. El kirchnerismo aprovechó esta citación para organizar el acto de CFK frente a Tribunales; y contragolpeó con una denuncia por el mismo hecho presentada por Recalde y otros diputados, sobre la que el fiscal Di Lello imputó al actual presidente del BCRA Sturzenegger y al propio juez Bonadío por habilitar y pagar esos contratos de dólar futuro luego de la devaluación de Macri.
Paralelamente, desde C5N difundieron la lista de macristas que se habrían beneficiado con la operación: La empresa de “Nicky” Caputo –amigo personal de Macri– compró 3,56 millones de dólares futuro en octubre. La empresa SOCMA-Chery –de la familia Macri– compró 8 millones. José Torello –jefe de asesores del presidente y apoderado del PRO– compró 800 mil dólares. Mario Quintana –secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de la cadena de farmacias Farmacity– compró a través de su fondo Pegasus un millón y medio. Gustavo Lopetegui –secretario de Coordinación de Políticas Públicas y ex CEO de LAN–, 310 mil dólares. Y no sólo cayeron en esta volteada funcionarios del gobierno: el diario La Nación compró 4 millones de dólares y el Grupo Clarín 11 millones. ¿Seguirá conociéndose la lista de funcionarios, ex funcionarios y empresas que se alzaron en un abrir y cerrar de ojos con parte de los más de 50.000 millones de pesos que perdió el Estado con estas operaciones?
Otra las causas que golpea al kirchnerismo es la de lavado de dinero, bautizada por Clarín como la “Ruta del dinero K”. Acelerada con la difusión del video en el que se ve al entorno de Lázaro Báez contando millones de dólares sobre una mesa en su financiera, el fiscal Marijuán ya imputó a Cristina Kirchner luego de la declaración del “arrepentido” Leonardo Fariña. Y ya están detenidos Lázaro Baez, su contador Perez Gadín y el abogado Jorge Chueco. En esta causa se denunció que el grupo Austral –de Báez– bajo el gobierno kirchnerista recibió más de $ 16.000 millones en obra pública, y se investigan numerosos vínculos comerciales entre los Báez y los Kirchner.
Relacionado con esto está la causa Hotesur en la que denunciaron a la ex presidenta por recibir varios millones de pesos de Lázaro Báez y Cristobal López en concepto de alquiler de habitaciones de su hotel Hotesur, que no fueron utilizadas.
Por su parte golpean al macrismo las derivaciones del Panamá Papers, bautizada por el kirchnerismo como la “Ruta del dinero M”. El fiscal Delgado imputó al presidente Mauricio Macri por su participación en la empresa fantasma Fleg Tranding Ltd. creada en el paraíso fiscal de las islas Bahamas y en otra sociedad offshore, Kagemusha SA. Y no es el único de su gobierno que quedó al descubierto con este tipo de empresas.
Los ex ministros K Aníbal Fernández, Manzur y Gollán están procesados por presuntos sobreprecios en el Plan Qunita. El ex vicepresidente Boudou fue procesado por el caso Ciccone Calcográfica. El empresario Cristobal López y el ex jefe de la AFIP Echegaray fueron denunciados por una deuda impositiva de las empresas de López por 7.600 millones de pesos. El ex ministro de Vido cuenta también con varios frentes que atender en Tribunales.
Mientras tanto, los únicos ex funcionarios presos son Jaime y Schiavi, condenados por la lucha popular en la causa por la masacre de Once, por la que también se investiga a Julio de Vido.
Lo que queda al descubierto es la relación intrínseca de la corrupción como parte del funcionamiento del Estado bajo el sistema capitalista imperialista.
