Hace ya más de un mes que los trabajadores y la juventud francesa no cesan de movilizarse en contra de la reforma laboral flexibilizadora del gobierno de François Hollande y su ministra de Trabajo, Myriam El Khomri. Los trabajadores han realizado masivas jornadas de huelga y movilización, mientras el movimiento Nuit Debou (Noche en pie) ha ocupado las principales plazas del país.
La presión sindical logró que el gobierno realice algunas concesiones que suavizan el tono de los puntos más polémicos de la reforma, pero el proceso de debate sigue abierto en la Asamblea y el Senado.
Al mismo tiempo, Hollande profundiza su política represiva. El 5 de abril los cuerpos de seguridad antidisturbios y la policía reprimieron a los estudiantes secundarios que marchaban hacia la Bastilla, con 130 detenidos, y el 12 de abril se repitió el procedimiento con los estudiantes que iban a encontrarse con los ferroviarios en la estación Saint Lazare, intentando evitar toda muestra de unidad obrero-estudiantil. El 14 de abril un enorme operativo de las fuerzas de seguridad atacó una movilización de decenas de miles de jóvenes en la Plaza de la República en París, convirtiendo la zona en un campo de batalla y dejando como saldo 130 detenidos.
Ahora el gobierno ha ampliado el “estado de emergencia” decretado tras los atentados de París de noviembre del año pasado, que debía finalizar el 26 de mayo. Este le ha servido no solo para realizar una brutal campaña persecutoria y racista contra la población de origen árabe, sino también para perseguir y reprimir a los jóvenes movilizados contra la reforma laboral.
Uno de los puntos centrales sigue siendo la flexibilización del tiempo de trabajo: Francia es el único país de la Unión Europea que mantiene una semana laboral de 35 horas, pero con la reforma se abriría la posibilidad de alargar la semana laboral hasta las 48 horas e, incluso, hasta 60 en circunstancias excepcionales y “con previa autorización”. Otro de los puntos es la limitación del papel de los sindicatos, al hacer que primen las negociaciones por empresa por sobre los convenios colectivos por rama. La reforma también establece que los empresarios podrían justificar los despidos simplemente en base a motivos económicos, como una caída en los beneficios o en la cantidad de pedidos, reduciendo además las indemnizaciones.
