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A inicios de julio, Francia fue conmovida por masivas y violentas protestas contra el racismo y la xenofobia. El detonante fue el asesinato de Nahel, un joven de 17 años de origen inmigrante, a manos de la policía francesa. Nahel fue perseguido por la policía en su auto tras evadir un control policial en la localidad de Nanterre, en el conurbano de París, y fue baleado de forma alevosa por un oficial, causando su muerte. No es la primera vez que ocurre algo así en Francia: sólo en 2022 se contaron 13 casos similares de gatillo fácil, donde el blanco son, en su mayoría, jóvenes de los suburbios, negros o árabes. Incluso la ONU hizo un señalamiento sobre los problemas de racismo de la policía francesa, que ofendió al gobierno francés. En 2005, un caso parecido había desatado una ola de furia similar, pero en esta ocasión el alcance fue aún mayor.
Durante varias noches, decenas de miles de jóvenes se volcaron a las calles incendiando autos, edificios de gobierno y locales de lujo, en París, Lyon, Marsella, Toulouse y Lille entre otras ciudades. También fueron incendiados otros edificios públicos como bibliotecas o escuelas, básicamente cualquier edificio con la bandera de Francia podía ser blanco de las movilizaciones. La respuesta del gobierno de Emmanuel Macron fue un despliegue policial y represivo enorme, que derivó en continuos choques entre los manifestantes y la policía, con cientos de detenidos. Tras 10 días de enfrentamientos, la situación comenzó a distenderse, aunque las bases de lo sucedido siguen vigentes y el país quedó profundamente conmovido por lo sucedido.
El asesinato de Nahel y la posterior reacción popular son la muestra de una profunda crisis en la sociedad francesa. Millones de inmigrantes y sus hijos, originarios en su mayoría de las ex colonias francesas en África, son la mano de obra barata de un país que a su vez los discrimina, los reprime y los hace sentir como no-franceses. Y efectivamente, muchos de los miles de jóvenes que salieron a las calles tienen su identidad más cercana a los países de origen de sus familias que a Francia, aún cuando son en su mayoría ciudadanos franceses. Esta situación, sumada al alto costo de vida, a la falta de perspectivas y a las políticas antipopulares llevaron a Francia a una situación de tensión permanente. En los últimos cinco años el país pasó por las marchas de los Chalecos Amarillos en 2018-2019, la pandemia, las inmensas marchas contra la suba de la edad jubilatoria a inicios de este año y ahora los masivos choques contra el racismo.
A la vez, las protestas desataron una campaña xenófoba de las fuerzas de extrema derecha, como las de Marine Le Pen y Eric Zemmour, que plantean medidas anti-inmigración. La respuesta reaccionaria de Macron no se aleja demasiado de esas posiciones abiertamente fascistas. En pleno conflicto, el gobierno aprobó una ley de vigilancia que permitirá espiar a personas “bajo sospecha criminal” a través de sus celulares, activando de modo remoto sus micrófonos, cámaras y GPS. El peligro de fascistización recorre hoy a toda Europa, como se ve ya en Italia con el gobierno “anti-inmigración” de Giorgia Meloni.
