Por si faltaba algo, apareció el video de los chorros dedicados a las salideras bancarias que habían perpetrado el robo de $1.000.000 hace unos días, denunciando que no les liberaron la zona como habían pactado por $200.000… así que no iban a pagar; y que si aparecían muertos, el responsable era el comisario que les había provisto las armas y chalecos. “Todos roban, los gobernantes y la policía roban… ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a robar?”, es uno de los argumentos en el video.
Una semana atrás la cuestión habían sido el cirujano, luego el carnicero y el moto-chorro aplastado contra la columna. Después fue la señora del almacén que entregó la plata y la mataron igual. La bronca crece y la situación se va volviendo insostenible en muchas barriadas del Gran Buenos Aires, Gran Rosario y cordones de las grandes ciudades.
La novedad es que se acabó el cuento de los “pibes chorros” y los “polis buenos” de otros tiempos. Ya es pública la interna policial dentro de la Bonaerense y el conflicto desatado que tiene la gobernadora Vidal tras la derrota de Aníbal Fernández y la trama de acuerdos narco-policiales que expresaba en la Provincia de Buenos Aires. Y más allá de esa geografía, también.
No es que con Vidal vengan los “policías buenos”. Simplemente viene otro grupo, otras conexiones, otros alineamientos internacionales, etc. Tras la derrota, con la triple fuga y la extradición de Corradi, cada vez se fue graficando más la situación. Después fueron los sobres ordenaditos, correspondientes a los tributos de cada delito para las departamentales y superiores de la Bonaerense. Entonces Vidal se mudó a una base de la Fuerza Aérea.
Está tarifado cada delito, cada puesto de venta de droga, cada puesto de prostitución, cada salidera bancaria, la “protección” policial a los comerciantes, el robo automotor y los desarmaderos, la zona liberada… Cada comisaría vale un monto proporcional a lo que recauda. También están tarifadas en la Justicia, las causas, las sentencias y las libertades, aún tras la condena. Es tan profundo lo que se está blanqueando sobre la corrupción policial, incluso a nivel de los medios masivos de comunicación, que cualquier “solución reformista” parece una gota de lavandina en un caño cloacal.
No solo en el tema seguridad. En el social y laboral también se ha blanqueado el grave nivel de desocupación y el 32% de pobreza. Y no aparece perspectiva de mejora en estancamiento del capitalismo a nivel mundial y el proceso recesivo de crisis en Sudamérica.
En el gran Buenos Aires donde la vida cotidiana se está haciendo insostenible, los trabajadores se agrupan para ir a la parada de colectivo a las 5am. Hay más víctimas de lo que sale en TV. También hay más linchamientos espontáneos, o algunos ajusticiamientos, de lo que sale. En general estas reacciones son frente al último eslabón de la cadena delictiva: contra los chorritos, incluso algunos que roban y hurtan para drogarse. Pero la policía no se pierde la recaudación de ninguno que esté en la calle.
No hay medidas reformistas que puedan solucionar esto de fondo. Por eso los revolucionarios no tenemos que escaparle al tema, por cruento y confuso que parezca, donde a veces parece difícil establecer la divisoria entre víctimas y victimarios.
El delito organizado desde el Estado es cualitativamente mucho más grave que el delito común y silvestre. Y hoy empieza a haber claridad de que el primero ha subordinado y organizado capilarmente al segundo, a través del sistema de recaudación y porcentaje policial.
Sobre la base de un alto nivel de desocupación y de 20% de NENT (no estudia, no trabaja), ha crecido la franja del lumpen-proletariado (la parte del proletariado que queda fuera del proceso de producción y socialmente marginada); no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Los planes sociales creados desde mediados de los ‘90 fueron la política del Banco Mundial para hacer “estabilizable” socialmente ese nivel de pobreza y pauperización.
El lumpen-proletariado es particularmente captable para el delito y la prostitución. A la vez el marxismo nos permite no ser eclécticos en una posición frente al delito perpetuado por un sector del lumpen-proletariado contra el pueblo trabajador. Es, por sus actores, una contradicción en el seno del pueblo, pero se torna en antagónica por el delito violento en esos casos. Y agravado porque en definitiva está subordinado como último eslabón y tributa, de una u otra forma, a la mafia policial del Estado.
Por eso en esta cuestión tomamos una posición desde el pueblo trabajador, pero no aislada de sus causas y sus principales responsables. Es una contradicción que incluso atraviesa a muchas familias del pueblo en su interior.
A mediados de los ‘90, junto con la proliferación de planes sociales “estabilizantes”, comenzó una política activa de desarme del pueblo, de condicionamiento y encarecimiento de los trámites para la tenencia de armas de fuego. O sea, se restringe la tenencia legal de armas para el pueblo, mientras crece la proliferación de armas en el circuito ilegal para el delito.
Buena parte del pueblo, ante el crecimiento del delito en su contra, procura contar con un arma para defenderse, lo que está dentro de los derechos civiles en la Republica Argentina. Pero las restricciones impuestas desde el Estado al acceso de armas en el mercado legal, en definitiva alimentan el mercado ilegal. Nos oponemos a las políticas de desarme del pueblo, mientras crece el negocio narco-político-policial. Porque ese desarme, no tiene como objeto de fondo limitar el delito, sino “estabilizar” el régimen que lo genera, ampara y lucra de él. El desarme estatal apunta al “peligro popular”.
Dada la situación de inseguridad donde cada vez es más clara la flagrante responsabilidad policial y estatal, y ante las múltiples reacciones del pueblo trabajador frente al delito en su contra, promovemos: frente a lo individual, lo colectivo; frente a lo privado y no público, promovemos lo social y público; y frente a los múltiples participes necesarios del delito, apuntamos a que la acción política principal sea contra los responsables fundamentales: la policía y sus comisarías, los gobernantes y sus punteros, los jueces y fiscales comprometidos o que amparan, los delitos contra el pueblo trabajador.
El régimen capitalista imperialista y el Estado argentino, acentuado por su carácter de país dependiente y en disputa por parte de distintas potencias imperialistas, ha entrado en una fase de descomposición sin precedentes. Por eso la tarea es la acumulación de fuerzas revolucionarias, en todo el pueblo, con un centro en el proletariado industrial, para que el proceso revolucionario pueda ser dirigido. La proliferación del narcotráfico, la corrupción político-policial y el delito son una evidencia irrefutable más de la decadencia del régimen.
