El domingo 14 de enero fueron asesinados 5 personas y otras 8 permanecen internadas con heridas de bala de plomo. Los asesinados son todos migrantes e hijos de migrantes.
Los hechos se produjeron en una zona de tosquera –lugar de extracción de tierra– en González Catán, Partido de La Matanza. Los hechos se produjeron en medio de una reunión de vecinos donde se disputaban la conducción de la junta vecinal del barrio entre el grupo original –que había iniciado la toma y la venta de terrenos– con los vecinos ya asentados y que eligieron una nueva comisión vecinal.
Esta masacre, que no tiene precedentes en la historia de los conflictos por la tierra y la vivienda, marcan la gravedad y la decadencia de la situación social actual en la que confluyen varios factores: la falta de políticas públicas profundas de suelo urbano para vivir, la proporción creciente de economía en negro que busca la inversión de excedentes, y la expansión de grupos mafiosos y narcos que buscan nuevos territorios.
El inicio
Los intentos de toma de esas tierras privadas se remontan al 2019. Hubo varios desalojos hasta el 2022. A fines de ese año se produce el último ingreso a las tierras. Y en marzo del 2023 la Justicia, a instancias de un abogado que pone el grupo original de paraguayos y argentinos que arrancó la toma, dicta un fallo de no innovar y ya no se vuelve a desalojar.
Esto es transmitido por el abogado en una reunión de vecinos en abril del 2023.
Para ese momento ya había unas 250 familias asentadas en cinco bloques de manzanas. Cada bloque contiene ocho a diez manzanas más pequeñas; y cada una, de 12 a 16 lotes.
En esos primeros meses, por cada lote se cobraba solo 20 mil pesos debido a la precariedad del terreno y los antecedentes de desalojo. En palabras de vecinos, ese dinero se usó para financiar la defensa legal. Esa estructura urbana fue diseñada por el grupo original con ocho delegados/as autonombrados representando a los bloques y que ejercían el derecho de venta de los terrenos, cada uno en su bloque.
De marzo a diciembre del 2023 se pasó de 250 a 600 familias. Allí concurrieron a comprar un pedazo de tierra en su mayoría parejas jóvenes que no podían sostener su alquiler o que vivían en casa de sus padres y también madres solteras sin acceso a mecanismos legales de crédito. Junto a este sector también concurrió un sector “inversionista” de personas que no les falta vivienda pero que poseen un excedente generado en sus emprendimientos en negro (comercios, inquilinatos, talleres) y buscan reproducirlo. Se los notaba porque compraban varios terrenos y esperaban que se valorizaran para su reventa o para construir. Algunos de estos se convirtieron en rivales de quienes hegemonizaban la conducción del barrio.
La disputa
Entre abril y diciembre del 2023 se produjeron varios conflictos que fueron aglutinando fuerzas en contra de las “delegadas/os” hasta el desenlace. Primero, fue alrededor de la colocación de la luz. Quienes dirigían se oponían a que los propios vecinos hicieran el trabajo y cobraban el servicio trayendo gente externa. Después siguió con quienes reclamaban rendición de cuentas de los fondos recaudados. Quien encabezó este reclamo fue baleado en junio. En agosto, a una de las familias que poseían varios lotes se le reclamó que si no ocupaban debían dejarlos. Hubo enfrentamientos y “las delegadas/os” no lograron que dejen los lotes. En noviembre, un vecino que cerró su quiosco y consiguió alimentos para hacer una olla popular fue amenazado para que no lo hiciera más ni metiera al municipio ni a ninguna organización en el barrio.
Todos esos conflictos desembocaron en la elección de una nueva comisión en la primera semana de enero, con representantes de los bloques de manzanas 3 y 4. Durante la siguiente semana hubo amenazas de muerte y se llega a la reunión del 17 de enero donde se produce la masacre por parte de un grupo llevado por las “delegadas/os”.
Los fallecidos, la lucha por justicia y por la tierra
La mayoría de los asesinados son del bloque 4 de manzanas, donde se concentraba la oposición. El hijo del tesorero de la nueva comisión, Eduardo Rivera, de 23 años, su cuñado Luis Fernando Bascope, de 16 años, ejecutado de un tiro en la cabeza. Gregorio Mamani, de 29, Leonel Enzo Tapia, de 29 años, Waldo Velázquez Chávez, de 28. Tres de ellos provenían de la zona de Villa Celina.
En distintos hospitales hay 7 heridos de bala de distinta gravedad, 2 de ellos son parte del grupo que provocó la masacre y están detenidos. Fue también detenida una de las “delegadas” con antecedente de otras tomas y hay pedido de captura internacional a otro de los “delegados” con antecedentes de narcotráfico. Se encontraron vainas de fusil FAL en la zona de los hechos.
El vocero presidencial Adorni, tratando de sacar ventaja política, responsabilizó de los hechos al gobierno municipal de La Matanza y al provincial cuando la política desregulatoria de Milei acelera la imposibilidad de alquilar a miles de familias. Esto se agudizará en los próximos meses, como lo señaló Juan Grabois en respuesta a Adorni.
El 18 de enero se realizó la primera movilización con los familiares de las víctimas pidiendo justicia a la Fiscalía de San Justo. Fueron acompañados solidariamente por integrantes de numerosas organizaciones, entre ellas Liberación Popular y la Multisectorial de Villa Celina, que también elevó el mismo reclamo en su primera declaración.
