La secuencia se repite. Una niña de 11 años embarazada producto de una violación. Un sistema público de salud que, tras detectar la situación, no efectúa la interrupción legal del embarazo (ILE). Un gobierno provincial que lo usa como campaña de “las dos vidas” y presiona a la familia. Una intervención postergada un mes, que deriva en una cesárea. Para Lucía (nombre con que se resguarda su identidad) fue un mes de tortura, en una situación similar al caso de la niña jujeña llevada a parir por cesárea a principio de año.
Lo particular de este nuevo caso es que difícilmente pudieron ser más claros los deseos de la niña por interrumpir el embarazo, el peligro que corría su vida psíquica y físicamente, las maniobras –y hasta extorsiones– de funcionarios estatales para dilatar la resolución y la insensibilidad de grupos “pro vida” ante el sufrimiento de la niña. Su violador fue la pareja de su abuela, con quien vivía porque previamente sus hermanas también habían sufrido abusos de la pareja de su madre. El violador hoy quedó preso pero esto no resolvió la situación de Lucía, que rogó: “quiero que me saquen esto que el viejo me puso adentro”.
La última dilación fue que nadie del hospital le quiso explicar a la madre dónde presentar el consentimiento informado para que se practique el aborto legal. Se evidencia así que la vulnerabilidad puede ser no sólo por falta de recursos económicos sino también de acceso a asesoramiento legal. El trámite se concretó el martes 26, luego de que la madre se pusiera en contacto con el movimiento Ni Una Menos y, a través suyo, con Andhes –una organización de derechos humanos– y Cladem –una ong por los derechos de las mujeres–.
“Nos dicen que venían pidiendo la interrupción pero que no sabían de cuestiones formales, que tenían el formulario del consentimiento pero no sabían dónde presentarlo”, explicó a Vamos! Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes. “Nos damos con una familia que había sido manipulada y con información absolutamente tendenciosa para seguir forzando a la niña a gestar”, agregó.
Sin embargo, la interrupción debería haberse realizado mucho antes, ante la sola voluntad manifestada por Lucía de interrumpir el embarazo. Esto había sido explicitado en el Amicus Curiae presentado por Andhes el viernes anterior. En esta presentación pidieron por “el derecho a que se respete la voluntad de la niña, que ya había pedido la interrupción del embarazo. Y la prueba más fuerte es la cámara Gesell que le hacen muy al comienzo, a principio de febrero. Pedimos que se aplique el protocolo que no se venía aplicando”, explicó a la vez que concluyó: “forzar a una niña de 11 años violada [a continuar gestando] es seguir ahora con una vulneración institucional, una maternidad forzada como tortura”.
Finalmente, la intervención fue realizada en la madrugada del miércoles 27, treinta y cinco días después de que haya sido detectado el embarazo de la niña. En el medio estuvo la seguidilla de dilaciones y extorsiones, que incluyó el accionar de una fiscal que nada tenía que hacer pero que actuó “de oficio”, Adriana Giannoni, quien instruyó al personal del Hospital del Este Eva Perón –donde se encuentra internada Lucía– para que no se aplique la ILE. Así se justificó la ministra de Salud, Rossana Chahla, para no efectuar la interrupción, aunque la fiscal ahora lo desmiente. Se trata de una fiscal que tiene antecedentes en perseguir a médicas que han practicado la ILE.
Riesgo de vida
Tomando el texto del Código Penal, la interrupción legal del embarazo (ILE) era legal no sólo porque fue producto de una violación sino también porque corría riesgo la salud de la niña. Producto de la situación, Lucía había tenido dos intentos de suicidio y, en el momento de la intervención quirúrgica, sufría además preeclampsia y una presión arterial tan alta que ponía en riesgo su vida. No sabemos cuáles son “las dos vidas” que buscaban defender el gobernador Manzur –que tomó posición pública– y la ministra de salud provincial. Evidentemente, no la de Lucía.
Dado que todos los médicos ginecólogos y obstetras del Hospital se habían declarado “objetores de conciencia”, el Siprosa (el sistema público de salud de la provincia) convocó a dos médicos externos, a quienes ni siquiera les garantizó personal de apoyo en la operación. El médico ginecólogo José Gijena, que estuvo a cargo de la intervención, evaluó que Lucía no estaba en condiciones de salud para soportar un aborto con misoprostol u otro medio. Entonces, aunque había sido convocado para efectuar una ILE, terminó realizando una cesárea. Así lo explicó su esposa, la médica Cecilia Ousset, que debió asistirlo como instrumentadora quirúrgica. Previamente, Gijena había recibido una amenaza telefónica en su consultorio privado por los que “estaba por hacer”.
Tras un mes de dilación, el hecho que se haya realizado una cesárea en lugar de un aborto desató más polémicas. Fernanda opinó que “nunca se debería haber llegado al momento en que la única opción sea cesárea. La cesárea es muy complicada, porque sí hay cierto forzamiento a parir. (…) Nosotros el criterio médico no vamos a discutirlo; porque en definitiva son los únicos que han accedido a garantizarle el derecho a la salud y salvar la vida de Lucía. Pero sí tenemos que estar muy atentos a que esto no se haga una práctica institucionalizada. Estamos en Tucumán, el contexto es que no adhiere a la ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que no adhiere a la ley nacional de Educación Sexual Integral y donde el año pasado la Legislatura se quiso autoproclamar ‘pro vida’. Tenemos municipios que se proclaman ‘pro vida’. Tenemos fiscalías que en la puerta dice ‘acá defendemos las dos vidas’. Ése es el contexto (…). Entendemos que el Estado dilató, dilató y dilató hasta llegar a eso. Tememos que se institucionalice como una práctica.”
Aún no termina
Al cierre de esta edición, Lucía estaba más tranquila pero continuaba internada bajo tratamiento psicológico. “Lo primero que nos interesaba en esta semana es exigir y poner en funcionamiento todos los mecanismos para protección de la niña, su intimidad, su salud, que la niña vuelva a su casa o a dónde va a volver, a dónde va a volver a estudiar, a jugar, cómo va a volver. Nos interesa como primera medida que el hospital resguarde la intimidad y la seguridad de la familia”, expresó.
La preocupación es por las presiones a la familia que se sucedieron “antes, durante y después” de la intervención quirúrgica. Fernanda describió que “la presencia del Ministerio Público Fiscal ha actuado de manera extorsiva, amenazante, incluso en el momento de hacer el protocolo con los médicos, que son privados, y el Ministerio tomando los datos de los médicos”. Además “la familia recibió presencias incómodas de gente que quería hablar; y a los dos días llegó personal del Registro Civil para anotar al neonato, cuestiones muy incomodas, vulnerando la intimidad de la familia, la intimidad de la nena”. Hubo incluso personal del hospital “sacando fotos y subiendo a las redes y diciendo que ése era el neonato recién nacido”. Y hasta el arzobispo Carlos Sánchez dio a conocer en un audio el verdadero nombre de Lucía.
Sigue entonces también precisar las responsabilidades, no sólo políticas sino también legales, por el no cumplimiento del protocolo ILE. “Hemos empezado con los pedidos de información para ver qué se hizo. Al Ministerio Público Fiscal, al hospital también. Para determinar responsabilidades y cuáles han sido concretamente las irregularidades.” La cuestión no es trivial porque, concientes de sus propias irregularidades que podrían llegar hasta el incumplimiento de deberes del funcionario público por las decisiones y las omisiones, ahora comenzaron a pasarse la pelota entre la fiscal, la directora del Hospital y funcionarios del propio gobierno.
