Hace unas semanas surgió en Clarín una noticia que denunciaba presuntas irregularidades en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y en el fideicomiso que financia sus obras. Esta noticia es parte de la campaña difamatoria contra Juan Grabois y las organizaciones sociales orquestada por el ministro Caputo con la intención de apropiarse del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Se alegó, falsamente, que habían malversado más de 1244 millones de dólares, ejecutando apenas “3 cordones cuneta”.
El FISU fue creado en 2020 mediante decreto y se propone financiar obras de integración en los 6.467 barrios populares que forman parte del registro RENABAP. Está compuesto por el 15% del Impuesto a las Grandes Fortunas y por el 9% del impuesto País. Por decreto, Milei redujo este 9% al 0,3%. Previamente, este 9% había sido objeto de negociaciones entre Milei y los gobernadores durante el debate de la fallida Ley Ómnibus.
Tan infundados son los cuestionamientos que incluso el actual secretario de la SISU, designado por LLA, ha afirmado en una entrevista que no ha encontrado irregularidades y que “si esta no es la única parte del gobierno que funcionó correctamente, le pega en el palo”. La realidad es que en los últimos cuatro años se han llevado a cabo más de 1200 obras en barrios populares, incluyendo obras de infraestructura e instalaciones intradomiciliarias de agua, cloacas, electricidad, generación de lotes con servicios, viviendas, escuelas y espacios comunitarios con un alcance de más de 1.300.000 personas y en 1164 barrios. Un 80% del presupuesto se ejecutó, con muchas obras realizadas por cooperativas de trabajo y otras en colaboración con municipios y provincias. Además, todas las líneas de trabajo de la SISU, cuentan con la auditoría técnica y administrativa de un total de 29 entidades en cada una de las provincias. Se trata de colegios profesionales de ingenieros y arquitectos y universidades nacionales y regionales de todo el país, encargados de auditar la obras y suscribir los certificados de obra para habilitar los desembolsos en función de los avances físicos certificados.
El propósito de Milei es apropiarse de estos fondos en nombre del superávit fiscal, sacrificando así las necesidades de los barrios populares y los trabajadores involucrados en estas obras. Esto se refleja tanto en el parate de las obras en ejecución, con 30 mil puestos de trabajo en peligro, como en el despido de 153 trabajadores de la SISU y en el no pago de otros cien, prometiendo su continuidad desde el inicio del año. Además, se han eliminado las horas extras por decreto y la SISU ha pasado de ser parte de Desarrollo Social a depender primero del Ministerio de Infraestructura y luego de Economía. Al día de la fecha nos enteramos que, a través de un decreto, Economía se hace cargo de todos los fondos fiduciarios, incluido el FISU.
Las organizaciones sociales han incluido la defensa del FISU dentro de los reclamos contra el ajuste y se han movilizado al Ministerio de Economía el jueves 29 de febrero. Por su parte, trabajadores de la SISU se han afiliado masivamente a ATE y articulan con las organizaciones para defender la política pública y los puestos de trabajo. Se han logrado unas 40 reincorporaciones y también se han movilizado, junto a las organizaciones sociales, a Economía. La movilización presentó un documento sobre las obras inconclusas para exigir su continuidad. Al cierre de esta edición había una nueva convocatoria junto a otras juntas internas de Economía para exigir reincorporaciones y horas extras.
Corresponsal
