El reciente decreto de Milei, que reforma la carta orgánica de la Policía Federal, le otorga más poder para cometer arbitrariedades y menos control judicial. Esto se produce luego de que en varias situaciones los jueces han decidido la libertad de presos detenidos por orden del Poder Ejecutivo. La creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con funciones de inteligencia e investigación sobre delitos complejos, centraliza un poder sin controles suficientes y bajo un enfoque vago de “seguridad del Estado”. Este rediseño de la PFA se impone por decreto, sin debate legislativo, vulnerando principios democráticos elementales.
Más grave aún, se otorgan amplias atribuciones para realizar investigaciones digitales sin orden judicial, permitiendo a la Policía monitorear redes sociales, sitios web y comunicaciones abiertas. Esto abre la puerta a la vigilancia masiva, el perfilamiento ideológico y el control preventivo de opositores políticos, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y de protesta.
Finalmente, la posibilidad de detener personas por hasta diez horas y requisar pertenencias o vehículos sin intervención judicial habilita prácticas arbitrarias. Se rompe así con el principio de legalidad y se debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza estatal. El decreto configura un modelo policial opaco y autoritario que va en contra de las garantías constitucionales y presumiblemente será utilizado contra la protesta social.
