Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados aprobó tras unos cuantos retoques, un Presupuesto 2023 que cumple con las imposiciones del FMI en cuanto a déficit máximo, emisión, etc. Se abrió un debate durante el fin de semana sobre recortes en la partida de Educación que fueron desmentidos por el Ministerio de Economía en cuanto a una lista de ítems, pero no taxativamente en general. Según el análisis de Claudio Lozano, la partida de servicios de la deuda es la más alta, con el 16% de los gastos totales del 2023. El gasto social se recorta 21% respecto al 2021, donde aparece Vivienda y Urbanismo con -56% y Seguridad Social con -7,9%. El Presupuesto está configurado en base a una inflación 2023 estimada en 60%, de difícil cumplimiento, por lo que el ejercicio concreto, aun cuando se incorporó una cláusula gatillo al respecto, siempre se aleja de lo aprobado, más allá de ítems que ni se cumplen como denunciaron algunos diputados.
El proyecto de Presupuesto incluyó la aplicación del impuesto las ganancias al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no son solo los jueces, sino también los trabajadores. Por lo que el propio martes 26, mientras comenzaba el tratamiento en el recinto, se llevó a cabo un paro nacional y movilización de los empleados judiciales. Varias intervenciones en el recinto, entre ellos la de la diputada Vanesa Siley, que también es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la R.A., recordaron que el salario de los trabajadores no es ganancia.
La ley fue aprobada en base a los votos del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JxC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Cívica, el FIT y los liberales conservadores. El Pro se abstuvo. El tratamiento particular sobre el pago de ganancias para el Poder Judicial no contó con los votos suficientes para ser aprobado.
