El hecho de que el 14% de los infectados sean trabajadores de la salud muestra que no se ha cuidado suficientemente al personal de la salud para enfrentar la pandemia.
La pandemia de COVID-19 golpeó a la Argentina casi sin Ministerio de Salud; y prácticamente sin sistema de salud nacional producto de la política socio económica de endeudamiento y recorte del “gasto público” del gobierno de Mauricio Macri, en CABA de Horacio Rodríguez Larreta y en provincia de Buenos de Aires de María Eugenia Vidal. Por ello, el análisis que se desarrolla a continuación tiene en cuenta este contexto, toma como área de referencia al GCABA y realiza planteos para evaluar y corregir.
Primero: No estamos en pico epidémico.
Se dice desde los diferentes niveles de alto rango institucional de salud que el promedio de los trabajadores de la salud infectados esperable es del 10%: cifras tomadas de Italia, España o China en pleno pico de la pandemia. La sociedad, por la política definida desde el gobierno nacional, ha hecho un esfuerzo enorme, épico, para aplanar la curva epidemiológica y se logró: la demostración fáctica está en la mortalidad amesetada en 4,5 promedio por día y en el porcentaje del 20% de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas por COVID-19 en forma sostenida. Entonces este porcentaje de trabajadores de salud (14%) infectados está mal.
Segundo: Somos un recurso esencial en esta crisis.
Este porcentaje de afectados está mal para la eficacia de la cuarentena, para los pacientes susceptibles de infectarse, para la capacidad de respuesta del sistema de salud y, obviamente, para los propios trabajadores de la salud y sus familias.
Tercero: Respuesta sanitaria rápida con reacción administrativa lenta para proveernos de protocolos de diagnósticos sensibles, de manejo y testeo.
Ante un germen nuevo, altamente contagioso y sin vacuna, la respuesta es a la antigua: CUARENTENA SOCIAL. Medida tomada con timing correcto. Correctamente tomada porque de hecho China avisó con tiempo y, durante enero de 2020, no paró de publicar todos los detalles clínicos y epidemiológicos del COVID-19. Dio tiempo y conocimiento. Sirvió para tomar la decisión de cerrar fronteras, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), de adquirir equipamiento y adecuar instalaciones para atender masivamente posibles sintomáticos en el momento del eventual pico de contagios.
Pero hacia el interior de los hospitales públicos y privados, al igual que en el resto de los centros de salud de cualquier tipo, se demoró esta dinámica. La definición de “caso” siempre estuvo por detrás de la situación epidemiológica en un mes aproximadamente. Por ello se generaron intensos debates intramuros ante casos sospechosos si se debía “activar” o no el protocolo, que en general se definieron por no activar y no testear. Y si se testeaba, el resultado llegaba tarde mientras el protocolo no estaba “activado”.
Si la dificulta fue que no había suficientes tests de PCR para diagnóstico por restricciones presupuestarias, por el desmantelamiento sistemático de lo público en los últimos 4 años, se debería haber adoptado un protocolo que tuviera un sesgo de actuar de más y por lo tanto de proteger “de más”. Si se hubiera actuado ante los sospechosos por mínimo síntoma o porque no se tiene el resultado como positivos, se hubiera protegido más y dañado menos. Porque en este caso el “sobreactuar” no hubiera sido iatrogenia ni negligencia.
El qué hacer y cómo hacer ya se conocía por las experiencias de China, Italia y España. Ni había que traducir protocolos, solo había que aplicarlos.
Cuarto: No hay respuesta a la pregunta de si son suficientes los insumos de protección (EPP).
Hasta ahora, ante casos sospechosos se debate si activar o no los protocolos de cuidados por la presión desde las autoridades de salud de “no malgastar el material para reservarlo para cuando llegue el pico de contagio”. Hasta ahora, lo que se malgastó es la salud de los trabajadores de salud por no protegerlos profilácticamente. Los héroes generalmente están muertos o mutilados. Eso es innecesario y se sabe cómo evitarlo: gastando dinero para la provisión de EPP.
Pero cada vez que se pregunta cuántos EPP hay y para cuánto, la respuesta de las autoridades de salud es etérea, incierta y con tono de fastidio: suficientes. Si es así, entonces, deberían dejan usar los EPP a demanda y ante la minina sospecha. Es inadmisible la justificación que el problema son los robos de los equipos. Eso es responsabilidad de las burocracias sanitarias y de gobierno.
Quinto: La práctica del barbijo llego tarde a los hospitales.
Hasta hace 10 días, en los hospitales del GCABA no se usaba barbijo. Es más, se combatía desde las autoridades de expertos machacando la idea que era una ridiculez anticientífica de acuerdo a lo que decía la OMS. Otro ejemplo de no atender la experiencia de China y Corea del Sur, y de sub ejecutar medidas de prevención en nombre de reservar material para el pico epidémico. Así se logró que haya un pico epidémico entre el personal de salud.
Sexto: Los trabajadores de salud cobran poco y tienen pluriempleo.
Los trabajadores de salud trabajan por bajos salarios. Por ejemplo, actualmente un médico del GCABA cobra 600 dólares por mes trabajando 40 horas por semana. Esto lleva a trabajar largas horas en varios lugares. Esto provocó que estuvieran más expuestos a los contagios y a contagiar.
Séptimo: Los comités de crisis no escucha a los trabajadores de la salud.
El enlentecimiento de la propagación gracias al ASLO fue haciendo que se tuviera la sensación sanitaria que no “pasa nada”. Además, las autoridades hospitalarias desoyen a los trabajadores de la salud de las guardias, de salas, UTI’s, anestesista y endoscopistas para el diseño de las respuestas de prevención y acción frente a la pandemia. Las asociaciones de profesionales y/o de trabajadores no profesionales no están formalmente en los comités de crisis hospitalarias en CABA. Así los protocolos de manejo y las decisiones llegan lentamente. Entonces, la ejecución de las acciones se demoraron exponiendo innecesariamente a la población, a los pacientes y al personal de la salud.
Finalmente: Ya está todo escrito, las autoridades deberían ejecutarlo.
Las autoridades deberían escuchar y dar participación en la toma de decisiones a los trabajadores de la salud.
Las autoridades deberían “invertir” todo el dinero que sea necesario para los EPP y kits de testeos de COVID-19 (PCR y serología).
Las autoridades de salud deberían emocionarse menos con los aplausos de las 21hs, y jerarquizar a los trabajadores de la salud con protección y presupuesto, que incluya salarios que reflejen el valor que dicen que les dan.
Todavía no terminó la cuarentena, la curva esta aplanada, aún hay tiempo “dinámico” de corregir, siempre que las autoridades de salud se adelanten a los hechos previniendo daños.
Corresponsal
