Con venia y estímulo de Alberto Fernández, diputadas y diputados del Frente de Todxs presentaron ante la Cámara un proyecto de modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, elevando el piso salarial sujeto a impuesto. Con intención de ser tratado en sesiones extraordinarias, las y los diputados enrolados en el frente de Gobierno presentaron este proyecto que beneficiaría a alrededor de 1,3 millones de personas, que venían siendo afectadas por el impuesto, al elevar de los $59.000 actuales a los $150.000 el piso salarial a partir del cual quedarán sujetas a impuesto.
Esta medida, de tratarse, resultaría positiva para una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores y, en cierta medida, vendría a abordar un problema que había sido agravado por el gobierno de Mauricio Macri, quien no solo no cumplió con su promesa electoral de eliminarlo, sino que año a año fue sumando miles y miles de personas más a tributar este impuesto.
La progresividad de este impuesto no resultaría el problema, sino más bien la distorsión que ha ido acumulándose con los años. En 1974, en el gobierno de Juan Domingo Perón, las deducciones especiales hicieron que la clase trabajadora alcanzada en la “cuarta categoría” del impuesto (trabajadores en relación de dependencia) quedasen exentas del gravamen, agarrando solamente a aquellos “vivos” socios de las sociedades anónimas que hacían pasar por salario el reparto de las ganancias de las empresas. Con el correr de los años, las actualizaciones del Mínimos No Imponibles del impuesto no acompañaron los aumentos salariales, por lo que la parte de la clase trabajadora de mayores ingresos se vio afectada por este impuesto.
Aun cuando el salario no es ganancia, se reconoce esta medida como un alivio para una parte importante de trabajadorxs. Asimismo, el proyecto tal como está planteado presenta una cantidad de interrogantes y zonas grises. Por ejemplo, al no proponer un aumento de las escalas, deja en manos del Poder Ejecutivo la responsabilidad de resolver las deducciones especiales para aquellos que cobran entre $150.000 y $173.000, para que no afecte la progresividad del impuesto aumentando las distorsiones de la escala salarial y la superposición de cargos. Cuestiones éstas que deberán ser discutidas. Habrá que ver cómo resulta del tratamiento en el Congreso.
