El jueves 9 de febrero un tribunal de EEUU rechazó la apelación del gobierno contra otro fallo judicial anterior que había suspendido temporalmente la “orden ejecutiva” de Trump prohibiendo el ingreso al país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El decreto quedó bloqueado y el gobierno debió retirarlo. Abiertamente en contra de la fundamentación fascista de Trump y sus funcionarios, la nueva resolución judicial subrayó que “el Gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados… haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos”.
El gobierno podría apelar ante la Corte Suprema para reinstalar las restricciones, pero ya es evidente que una parte del aparato judicial, encarnando los intereses de un sector de la burguesía monopolista yanqui, decidió debilitar a Trump recurriendo abiertamente al “choque de poderes”. Se profundiza así la fisura en la clase dominante norteamericana ya evidenciada por el resultado electoral que elevó a Trump a la presidencia.
