El miércoles 31 de agosto se consumó en Brasil el golpe institucional, parlamentario, que desde mayo apuntaba a la destitución de Dilma Rousseff y a la reinstalación, ya sin mediaciones ni interferencias, del bloque oligárquico más tradicional encabezado por el propio vicepresidente de Dilma, Michel Temer, del PMDB. Temer es instalado en la presidencia durante algo más de dos años, para completar el período para el cual había sido reelecta Rousseff en 2014.
Podredumbre de la democracia burguesa en un país dependiente
El “golpe blando” brasileño recalienta el caldero de la disputa imperialista por la primacía en la región, sumando casilleros a la contraofensiva del imperialismo norteamericano (y secundariamente también de los imperialismos europeos) contra sus rivales chinos y rusos que en la última década y media habían ganado posiciones estratégicas en varios países del centro y sur del continente. El operativo golpista en Brasil se agrega al tembladeral en que se encuentra el gobierno del chavista Nicolás Maduro en Venezuela, hundido en el abismo de la crisis económica y social.
Derrotada en cuatro elecciones sucesivas desde 2006, y con la alta probabilidad de nuevas derrotas, los partidos ligados a los poderosos latifundistas del nordeste (los llamados “coroneles”) y a la gran burguesía industrial paulista trabajaron larga y minuciosamente para fraguar contra Rousseff un juicio político fundado en causas poco consistentes y según las cuales no resistiría más de un presidente latinoamericano (ver Vamos! Nº82).
Contaron para ello con la “traición” largamente anunciada de Temer, líder del oligárquico Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y una correlación de fuerzas a favor de la oposición en el parlamento y la justicia. Y aprovecharon especialmente el desprestigio de Rousseff en gran parte del pueblo producto de la profunda recesión, el ajuste y los escándalos de corrupción (que también enchastraron a la oposición golpista e incluso al propio Temer). El PT había sostenido durante varias elecciones su alianza con el PMDB cediéndole la vicepresidencia, ministerios y bancas en el Congreso, y expresando los acuerdos de gobernabilidad. Esta política del PT explica, al menos en parte, las dificultades para desplegar una amplia y fuerte movilización contra este golpe.
En octubre de 2014 Dilma había conseguido la reelección con 54 millones de votos aunque en un ajustado margen. Pero ahora bastaron 61 senadores (7 más que los 54 necesarios) para que ese sector de la oligarquía se quedara con el gobierno, puestos a dedo en las listas electorales directamente por un sector de estancieros y de monopolios brasileños y extranjeros, y respaldados por una mayoría parlamentaria lograda con las “recaudaciones” de Eduardo Cunha –el presidente de la Cámara de Diputados–, a cambio de la inmunidad judicial para los diputados y senadores implicados en el escándalo de la petrolera Petrobras; por éste, ya en los primeros días de la presidencia provisoria de Temer debieron renunciar tres de sus ministros. La llamada “corrupción” –vinculada también a los poderosos monopolios de la construcción (especialmente Odebrecht) que acapararon las obras públicas con el favor de Lula y Dilma– es ya una marca registrada en la política brasileña, incluyendo a los cuadros más altos de la dirigencia del PT y probablemente al propio Lula.
La lucha encarnizada dentro de las clases dominantes con el desenlace en la destitución de Dilma Rousseff muestra lo que son esta “democracia” y sus instituciones burguesas; que se mantuvo en todos esos años y que ahora permite traducir 54 millones de votos en un puñado de 61 personeros de otro sector de las clases dominantes que no tienen empacho en usar las palancas del Estado oligárquico (en este caso los mecanismos parlamentarios) para violar toda legitimidad política en defensa de sus privilegios. Quienes ahora destituyeron a Dilma y promovieron a Temer son los representantes de los mismos partidos que perdieron ante el PT las elecciones de los últimos diez años, como Aécio Neves, José Serra –actual canciller de Temer– y los dirigentes del PMDB que hasta hace poco eran aliados del PT y estaban dentro de su gobierno (y también de los gobiernos anteriores).
Lo que viene
El golpe institucional que puso a Temer en la presidencia representa un retroceso que traerá mayores sufrimientos para el pueblo brasilero. Nunca nada bueno trajo para los pueblos la consumación de golpes de cualquier naturaleza, violando incluso los límites de esta democracia burguesa. Por eso lo repudiamos. Ahora, se abre en Brasil un nuevo escenario político que exige ampliar la unidad popular contra este gobierno que intentará cumplir un mandato sin legitimidad.
La honda crisis económica, social y política se agrava por el duro ajuste antipopular de Temer, que profundiza el que ya venía ejecutando Dilma en una economía ya en recesión. También por la represión gubernamental para imponer el ajustazo. Seguramente se reactivará el movimiento popular, que necesita encontrar nuevos caminos para avanzar –con la clase obrera en el centro y en unidad con el movimiento de los campesinos– en la lucha por un Brasil liberado de la opresión imperialista y oligárquica.
El 11 de septiembre de 1973 un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet derrocó al gobierno constitucional de la Unión Popular encabezada por Salvador Allende. La UP había llegado al gobierno tres años antes planteando la implementación de una “vía pacífica al socialismo”, que supuestamente no requería la destrucción del Estado de las clases dominantes. Se avanzó en una serie de reformas sociales, la nacionalización del cobre y de otras áreas de la economía, distribuciones de tierras, y en el terreno internacional se produjo una ruptura con EEUU y un acercamiento hacia la URSS (ya socialimperialista en ese momento).
En ese marco se desarrollaron fuertes organizaciones obreras, campesinas y de los sectores populares (conocidas en Chile como el “poder popular”), que impulsaban la radicalización revolucionaria del proceso. Hacia 1972, las clases dominantes chilenas asociadas con el imperialismo norteamericano decidieron cortar de cuajo el proceso y dieron marcha al golpe de Estado. Comenzaron los boicots y look-outs patronales, operaciones institucionales de las fuerzas políticas opositoras, acciones terroristas de derecha (atentados, sabotajes, asesinatos) y presiones y maniobras de EEUU.
En septiembre de 1973 se concretó el golpe y Pinochet instauró una brutal dictadura que duró 16 años. Según cifras oficiales, en Chile fueron asesinados más de 3.000 personas, 1.200 aún están desaparecidas y más de 30.000 fueron torturadas. EEUU mantuvo una fluida relación con la dictadura chilena, aportándole financiamiento, defendiéndola en los foros internacionales, procurando embellecer su imagen en el mundo y promoviendo su participación protagónica en el Plan Cóndor.
