La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la resolución de Gabriela Michetti de cerrar la investigación sobre los ejecutores de la maniobra que pretende condonarle a la familia Macri la multimillonaria deuda que tiene con el Estado. La vicepresidenta rechazó la apelación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, al cierre del sumario iniciado por la Procuración del Tesoro para investigar la operatoria de condonación de la deuda. La decisión de Michetti es un paso más en el encubrimiento de la desfachatada maniobra de corrupción implementada por el macrismo actuando desde ambos lados del mostrador.
Recordemos que la Empresa Nacional de Correos fue privatizada durante el gobierno de Menem y adquirida por Socma, del Grupo Macri, con una concesión por 30 años a un pago semestral de 51 millones de dólares. En el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se le rescindió la concesión, señalando que la empresa sólo había pagado el canon del primer año, y que al 2001 la deuda con el Estado ascendía a $300 millones de pesos (lo que al cambio de ese momento serían 300 millones de dólares). A partir de allí la empresa entró en un “eterno” concurso de acreedores que le permitió suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores.
Con la asunción presidencial de Mauricio Macri, “casualmente”, el Estado aceptó la propuesta del grupo económico de la familia presidencial, que implica que estos paguen solo 600 millones de pesos, en 15 cómodas cuotas anuales. Así, se les estarían “perdonando” unos 4.000 millones, lo que llegaría a 70.000 millones de pérdida calculado al 2033 cuando se terminen los pagos. Sin embargo, la fiscal general Gabriela Boquin había rechazado esa propuesta por considerar que es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, por lo que se inició la investigación de los funcionarios que actuaron en el arreglo. Para colmo, el grupo Macri inició al mismo tiempo una demanda al Estado en la que reclama el pago de 2.200 millones de pesos por supuestas inversiones realizadas.
