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Desde una supuesta posición de “memoria completa”, Victoria Villarruel cuestiona la lucha histórica por memoria, verdad y justicia, y puede engañar al desprevenido. Con este objetivo realizó nuevamente un acto en la Legislatura porteña, aduciendo un “Homenaje a las víctimas del terrorismo”, que para ella se reduce a las víctimas de atentados y secuestros por organizaciones armadas en los 70’s. Como parte de su campaña, Villarruel acusa a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de ser madres y abuelas que defienden a sus hijos (¿y nietos?) “terroristas”. Desde ya, insiste con que los desaparecidos no son 30 mil, como ya lo había dicho antes Macri cuando era presidente.
El acto del lunes 5/9 tomó más relevancia porque el próximo 22 de octubre Villarruel puede pasar a ser vicepresidenta y ocuparse del área de fuerzas armadas. Las organizaciones populares y de derechos humanos nos movilizamos ese día para repudiar el contenido del acto. Esto hizo que Villarruel explicitara aún más su odio a quienes somos parte del reclamo de juicio y castigo a los genocidas: “¿Quién podría oponerse al homenaje a víctimas inocentes, si no fuera porque es cómplice o parte de los que ponían bombas que asesinaban a estos inocentes?”, expresó en el recinto de la Legislatura. Luego en LN+ fue más grotesca y expresó que “(Estela de) Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país”.
Su ataque a Estela de Carlotto y los organismos de derechos humanos revela lo poco que le importan verdaderamente las “víctimas inocentes”, como los 500 hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y/o apropiados por la dictadura. Carlotto preside justamente la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya ha contribuido a la restitución de 132 nietes. Lo “siniestro”… ¿no sería en realidad el robo sistemático de bebés por parte de la dictadura?
Negacionista
La mentira de Villarruel arranca con considerar que no hubo terrorismo de Estado durante la dictadura. Niega que las desapariciones de estudiantes –como en la Noche de los Lápices–, de obreros y representantes gremiales haya sido un plan sistemático del terror para derrotar la lucha popular e imponer una política. Desde su punto de vista negacionista, esos crímenes serían “abusos” dentro del contexto de acción del Estado en una “guerra” para establecer el orden (evidentemente un “orden” que no es ni republicano ni constitucional). Una “guerra” donde los detenidos no tenían juicio alguno sino que eran torturados, asesinados a sangre fría y sus cuerpos desaparecidos.
Victoria Villarruel es hija de un militar que participó en el Operativo Independencia en Tucumán, en el cual se inauguró el primer centro clandestino de detención “Escuelita de Famaillá”; y es fundadora de Jóvenes por la Verdad, un grupo cuya actividad más destacada fue la de coordinar visitas al dictador Jorge Rafael Videla. Desde ese lugar, Villarruel agrega que no se pueden juzgar a los militares por “delitos de lesa humanidad” (imprescriptibles), porque dice que esa tipificación no existía al momento de cometerse esos delitos. En verdad, la tipificación de “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio” fueron definidos en 1945 en el proceso del Juicio de Nüremberg contra los nazis.
En el mismo sentido, su negación de 30 mil detenidos-desaparecidos es un intento de relativizar el horror dictatorial. Desmentir la cifra porque no están todos los nombres es como negar las seis millones de víctimas del holocausto judío porque no se han podido reunir todos sus documentos. La falta de información debido al ocultamiento es lo que ocurre cuando hay un genocidio. En Argentina, la información completa de las víctimas del terrorismo de Estado está en manos de los militares criminales que Villarruel defiende.
Lazos
Actualmente Villarruel integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), conformado en 2006 para reclamar juicio contra los integrantes de las organizaciones armadas, particularmente ERP y Montoneros. En la carta fundacional del CELTyV, a la cual tuvo acceso El Destape, se encuentran numerosos abogados del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una entidad centenaria que aportó durante generaciones funcionarios a las dictaduras empresario-militares. Entre ellos: Jorge Luis Pérez Alati, recaudador fuerte para las campañas de Mauricio Macri; Máximo Fonrouge, que entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri en el caso Correo y que integró el directorio del diario La Nación; Horacio Adolfo García Belsunce, ex funcionario de la dictadura fusiladora que derrocó a Juan Perón; Alejandro Fargosi, hombre de Juntos por el Cambio que representó al PRO en el Consejo de la Magistratura; Eugenio Carlos José Aramburu, otro de los siete socios honorarios del Colegio de Abogados de la calle Montevideo; Enrique Francisco Maschwitz, el escribano a cargo de anotar el CELTyV e histórico escribano de La Nación; entre otros.
También es la presidente honoraria de la Fundación Oíd Mortales, una organización que firmó el documento fundacional de la alianza de agrupaciones que orbitan alrededor de Vox en España e Hispanoamérica. El especialista en seguridad de esta Fundación es Jorge Eduardo Lenard Vives: un coronel con especialización en inteligencia que durante el macrismo fue el director de Investigaciones de la Aduana. Además de todo esto, Villarruel apareció en el cuaderno del genocida y condenado Miguel Etchecolatz como un contacto para su defensa.
