Representantes de pueblos y naciones originarias han instalado un acampe frente al Congreso de la Nación en reclamo que se apruebe de forma urgente la prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, obliga a demarcar los territorios e impide “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. El 27 de septiembre pasado el Senado votó la prórroga por cuatro años, pero aún falta que se expida la Cámara de Diputados, y el gobierno viene planteando que lo hará recién después de las elecciones nacionales.
La lucha se da en el marco de una creciente ofensiva de los terratenientes y las fuerzas represivas contra las comunidades originarias en nuestro país, expresada en ejemplos como la represión de la Gendarmería a los mapuches en la Pu Lof Cushamen que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la detención del dirigente wichi Agustín Santillán y de Facundo Jones Huala, o las constantes amenazas a la dirigente mapuche Moira Millán. Y de la burda campaña de hostigamiento y estigmatización llevada adelante desde los grandes medios de comunicación, acusando a los originarios de terroristas.
La Ley 26.160 fue sancionada en el año 2006, siendo prorrogada en el 2009 y el 2013. Vence el próximo 23 de noviembre y todavía no se ha avanzado con la necesaria celeridad en la regularización de los dominios de las tierras de las comunidades que debería haber realizado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Por lo tanto, de quedar sin efecto esta ley, se estaría dando vía libre a los terratenientes y empresarios como Benetton y Lewis para apropiarse de los territorios ancestrales y desalojar por cualquier medio a las comunidades que actualmente viven allí.
Hoy en el territorio argentino habitan alrededor de 40 pueblos indígenas, con 16 idiomas distintos. La Constitución Nacional reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y señala que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Amnistía Internacional informó que hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad y sólo 759 han iniciado el proceso de relevamiento. Esto es un 49% del total; y resta tener en cuenta además las que ni siquiera fueron identificadas.
La prórroga de la Ley 26.160 es fundamental para ponerle un freno a la represión sobre los pueblos originarios y para avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios.
