El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular donde se incluía el “trabajo sexual” como una modalidad laboral. Sin embargo, a las pocas horas eliminó esa categoría por no coincidir con la legislación vigente y los convenios internacionales del sistema abolicionista que la Argentina suscribe desde 1951. Este episodio reaviva un debate muy vigente y que divide aguas en el movimiento de mujeres y feministas.
Por un lado están quienes defienden el reglamentarismo, que partiendo del derecho individual de las personas sostienen que la prostitución puede ser un trabajo como cualquier otro, con prestaciones sociales y condiciones reguladas por el Estado. Esta línea viene teniendo mucho peso en algunas organizaciones populares y feministas, incluso en dentro de sectores del gobierno y cuenta con un sindicato inscripto en la CTA de los Trabajadores, AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices en Acción por su Derechos). Esta organización tiene integrantes judicializadas por encubrir en la figura de una cooperativa el proxenetismo.
Por otro lado estamos quienes nos inscribimos en la línea abolicionista, quienes sostenemos que hay que terminar con un sistema postituyente, desmantelando las redes de trata y prostitución, que encarcele a los proxenetas, sin penalizar a las personas en situación de prostitución, con políticas públicas que reestablezcan los derechos de quienes se encuentran en esa situación como plantea AMADH (Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos). Políticas que incluyan el cupo laboral travesti trans, ya que son ellas las que centralmente terminan en el sistema prostituyente, con consecuencias terribles como tener una expectativa de vida de 35 años.
Tampoco alcanza con difundir que “la prostitución no es trabajo” si no se avanza en el acceso concreto a las condiciones posibles para cumplir esa consigna.
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